Inversión, empleo y actividad: las claves de la concesión de Astilleros San Enrique (y su extinción)
Los compromisos adquiridos con las autoridades portuarias son de obligado cumplimiento en tanto se trata de suelo de uso público y limitado
La empresa ha pedido «flexibilidad» al Puerto de Vigo, que hoy ha aprobado recuperar la concesión

Trabajadores en las instalaciones de Astilleros San Enrique, en Vigo. / Marta G. Brea

El 9 de junio de 2022, con Beatriz Colunga como directora, la Autoridad Portuaria de Vigo divulgó el visto bueno de la concesión administrativa a Astilleros San Enrique en el Boletín Oficial del Estado (2022). La compañía, propiedad del exaccionista de Factorías Vulcano José Alberto Barreras, fue la única que se postuló formalmente para el procedimiento, aunque inicialmente también iba a concurrir al mismo la auxiliar del naval Vicalsa. San Enrique se presentó entonces con un proyecto centrado en la construcción, transformación y reparación de buques de esloras de hasta 180 metros, con un 60% para la construcción y el restante 40% para reparaciones.
Estas son las claves que han llevado al Puerto a aprobar la extinción de la concesión.
- Los terrenos públicos asignados a San Enrique tenían menor superficie que los que había utilizado Factorías Vulcano dado que el Puerto recuperó una parte, ubicada en el extremo más próximo a la terminal de Guixar: en total, 18.093 metros cuadrados, a sumar a los más de 36.000 m2 de la parte privada. El disfrute de esta superficie conllevaba, como en cualquier concesión, el pago de tasas por el espacio en sí y por el uso de las instalaciones, además de un porcentaje sobre el volumen de negocio. En este caso, se fijó el pago de 1 euro por metro cuadrado y otros 64.363,34 euros «en concepto de uso de instalaciones», con un extra de otros 107.272,24 euros por «depreciación anual».

Comunicado de Marina Meridional, en su página web, en marzo de 2022 / FdV
- Aquí entra en juego un punto a mayores: el de la facturación comprometida. En la primera nota de prensa emitida por San Enrique, constató que «prevé un volumen de negocio por encima de 10 millones al año, que irá incrementando hasta los 14,6 millones hasta el año 2036». Esto es muy importante porque la tasa de actividad, de nuevo como expone el BOE, « se calculará como el resultado de aplicar el cero coma cuarenta y cinco (0,45) por ciento al volumen de negocio que se genere por todas las actividades desarrolladas dentro de la concesión, que como mínimo será» de 10 millones de euros en 2023. Como quiera que el astillero tenía que haber facturado 10,3 millones en 2024 —se quedó en los 858.700 euros—, esa ratio equivaldría a un pago de 46.350 euros al Puerto; el 0,45% de 858.000 euros está por debajo de los 4.000 euros. Según explicó ayer a FARO el CEO de Marina Meridional —propietaria del astillero—, Juan Moreno, la empresa cerró 2025 con más de 8 millones en ingresos.
- En cuanto al empleo, Astilleros San Enrique se comprometió a la incorporación directa de casi 30 personas de inmediato, a su llegada a Teis. Esto decía la nota de prensa del Puerto, con Jesús Vázquez Almuiña como presidente, cuando el consejo aprobó la concesión: «Sobre los medios humanos para la explotación y mantenimiento de la actividad e instalaciones, la oferta recoge un compromiso de contratación de forma directa de 28 personas durante el primer año, hasta alcanzar las 79 en un plazo de 15 años, además de los empleos indirectos que generaría en las empresas auxiliares». En las cuentas de 2024, las últimas depositadas en el Registro Mercantil, constan 10 empleados.
- El capítulo inversor también es imprescindible en todas las concesiones, pensando en la revalorización del espacio y su correcto mantenimiento. Astilleros San Enrique se comprometió a una inversión inicial de 1.627 millones de euros en los dos primeros años, con instalación de placas fotovoltaicas, adecuación de las redes de suministro o la reparación y compra de maquinaria. La compañía asegura haber rebasado con creces este importe —ha ofrecido al Puerto a que audite esos gastos—, por encima de los 3 millones. Para su ejecución, Praza da Estrela le concedió una prórroga, de mayo de 2024 a abril de 2025. Con los papeles en la mano, la evaluación que hoy ha hecho el consejo, y que ha derivado en la aprobación del expediente de extinción, se podría haber celebrado ya en el consejo ordinario de mayo o junio del año pasado.
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