«Al no regularizar nuestra situación nos estaban obligando a trabajar en negro durante años»

«Al no regularizar nuestra situación nos estaban obligando a trabajar en negro durante años», dice Marco Hernández, un colombiano que vive en Vigo y se busca la vida como puede. Ayer se despertó con una noticia que quizá le cambie la vida: aquellos ciudadanos que están en situación irregular, para los que su estatus burocrático les impide trabajar o residir de forma legal, podrían beneficiarse de un decreto que anunció el gobierno para su regularización. La espera para los que como él no tienen más remedio que sobrevivir en los márgenes de la ley podría llegar pronto a su fin.

Según el Foro Galego de Inmigración, en Galicia se acogerían unos 8.000 extranjeros de los que un 25% está residiendo en Vigo (es una estimación).

La reacción es de alegría generalizada, aunque muchos se mantienen cautos a la espera de que surja una letra pequeña. Con todo, ciudadanos como Hernández conservan una fuerte esperanza. «Llevo dos años aquí, esperando día tras día a poder tener un permiso. Solo quiero trabajar. Ahora mismo no estoy contribuyendo para la pensión ni tengo acceso a la Seguridad Social», confiesa. Tiene 43 años y está formado en soldadura. Durante el tiempo que estuvo fuera de su país vio como pasan por delante numerosas oportunidades laborales que se desvanecían al faltarle los papeles. Temía que le pasase como a algunos conocidos y estar hasta cuatro años igual. Sabe que hay oficios que necesitan urgentemente mano de obra y él se postula como una solución viable.

Un buen día, cuando Darys Lazarte era estudiante de Ingeniería Industrial en Venezuela, decidió cerrar los libros y hacer las maletas. Tenía 22 años y un futuro por delante, pero el panorama político en su país no parecía muy prometedor. Por ello, se desplazó en busca de posibilidades. Es solicitante de asilo y gracias a la regularización podría pasar a tener mejores condiciones. Ahora trabaja como cuidadora de barrio con el Concello, dando acompañamiento a mayores. «Esto nos va a facilitar mucho la vida. Me caducaba el asilo en junio y así es todo más rápido», celebra.

El plazo para presentar solicitudes va del 30 de abril al 30 de junio y el Gobierno asegura que no dilatará el proceso más de tres meses. ¿Está preparado para ello? Ana Sara Lera, trabajadora de la Federación Venezolana de Galicia, cree que no. «El permiso de trabajo tarda de media un año y medio en llegar. No porque estudien los casos detalladamente, sino porque no hay gente en las oficinas para agilizar más. De hecho, cuando te rechazan el permiso y recurres, el Gobierno te tiene que responder en un mes y no lo está haciendo», explica.

La comunidad venezolana es la más numerosa de la ciudad. En estos momentos se mantienen expectantes ante un porvenir incierto, con Delcy Rodríguez de presidenta electa por Trump, una liberación de presos políticos a cuentagotas, el espacio aéreo cerrado y unos planes estadounidense que no se acaban de revelar.

Desde este colectivo valoran la medida como muy positiva, pero les preocupa lo que pueda venir después. «Nos toca ser pacientes. La ley fue una chapuza, pero esto parece de verdad», señala Manuel Pérez, presidente de la entidad.

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