Tres familias se declaran en quiebra en Vigo por cada empresa que lo manifiesta
Más de 1.300 particulares pidieron el concurso de acreedores en Vigo desde que en 2015 entró en vigor la segunda oportunidad
Estos procesos relegaron a los tradicionales de empresas, que, aunque vuelven a estar al alza, solo representan a día de hoy el 25% del total

Los procesos concursales de particulares y de empresas competen al antiguo Juzgado Mercantil de Vigo, hoy con otra denominación debido a la reforma de los tribunales de instancia. / ALBA VILLAR

Por increíble que parezca, uno puede librarse de sus deudas y empezar de cero. No hay trampa ni cartón, aunque sí una serie de requisitos. Es la premisa de la Ley de Segunda Oportunidad que entró en vigor el 30 de julio de 2015. Entre el desconocimiento general, a esta norma le costó despegar. Y mucho. Pero transcurrida una década desde su implantación los concursos de acreedores de personas físicas, es decir, los de las familias que se declaran en quiebra, forman ya parte del día a día judicial. Tanto, que superan con creces a los tradicionales, a los de toda la vida, a los de las empresas, que a día de hoy, pese a que vuelven a estar al alza tras desplomarse en los años previos a la pandemia, solo representan el 25% del total. En 2025 se registraron un total de 319 procesos concursales en Vigo: 241 fueron de particulares y solo 78 de sociedades mercantiles.
«Para mí como abogada son procesos muy gratificantes. Esta ley supone una salida para que mucha gente pueda encauzar su vida», resume Alma Antón, del bufete Teder Abogados. Aunque la de la segunda oportunidad es una norma legal joven, en 2022 se vio agitada por una importante reforma que, explica la letrada, «simplificó» estos procesos eliminando la obligación de intentar un acuerdo extrajudicial antes de ir ante un juez. La reforma también posibilitó que el deudor no deba deshacerse de todo su patrimonio.
«Es posible conservar la vivienda familiar e incluso el coche si se acredita por ejemplo que es el único con el que cuenta la familia o que se necesita por cuestiones laborales», indica Antón, agregando que aunque también se clarificó la cuestión de la deuda pública, la exoneración se limitó a 10.000 euros en relación con la Agencia Tributaria y otros 10.000 correspondientes a la Seguridad Social. Pero este tema no es pacífico jurídicamente hablando, ya que hay juzgados españoles que están concendiendo el perdón total en base a las directivas europeas, algo que esta abogada, como muchos colegas de profesión, ven más adecuado de cara a que los afectados tengan una «oportunidad real» de volver a empezar.
Deudores de «buena fe»
Pero volvamos al principio de este artículo. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen para que un particular pueda acogerse a esta ley? A modo resumido, Ángel Andújar, del despacho Segunda Oportunidad Galicia, que tiene una de sus sedes en Vigo, explica que se debe ser deudor «de buena fe» o «no tener antecedentes penales». Una de las últimas sentencias que le han notificado, del antiguo Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra hoy con otra denominación debido a los nuevos tribunales de instancia, ha concedido la exoneración por importe de 1.476.711 euros a una clienta. El origen de estas deudas, explica el jurista, estaba en su condición de avalista de un préstamo que, junto con su exmarido, solicitaron ambos para poner en marcha un negocio familiar. La iniciativa empresarial acabó fracasando, el matrimonio se separó y ella se quedó con una deuda millonaria.
«Nunca la podría devolver con su actual sueldo mileurista de empleada por cuenta ajena», afirma el abogado, que destaca que, gracias a este auto judicial dictado el pasado 2 de diciembre, la mujer, que cumplía los requisitos, ha visto extinguidas sus deudas. Precisamente, como también coincide Alma Antón, el fracaso de un negocio está detrás de muchas de las asfixias económicas de las familias que deciden ir a la vía judicial. Son deudas que afectan a particulares pero que tienen un origen empresarial. El resto de la casuística es muy amplia. La adicción al juego o la drogadicción, afirma esta letrada viguesa, son algunos de los perfiles con los que se ha encontrado. Ángel Andújar apunta también a personas que se endeudaron más allá de sus posibilidades, otras que se quedaron en el paro o que se vieron en una comprometida situación económica a causa de accidentes o enfermedades.
Lo cierto es que, tras sus complicados inicios, la Ley de Segunda Oportunidad ya se ha popularizado bastante. Del puñado de casos del principio se ha pasado a los centenares registrados en los últimos años. Desde la entrada en vigor de la reforma en 2015 entraron en concurso en Vigo más de 1.300 personas. Un período de una década en la que las quiebras de empresas fueron muchas menos, concretamente 477. «La mayoría de sociedades mercantiles que son declaradas en concurso de acreedores y van directamente a liquidación son pequeñas empresas sin apenas actividad y sin viabilidad. De suministros, del sector de la construcción, de la promoción...», afirma el abogado Jaime Carrera, del despacho Ejaso, quien señala que las mercantiles con problemas económicos que quieren salir adelante acuden al mecanismo de los acuerdos preconcursales, de cara a buscar fórmulas de refinanciación para convertir sus deudas en «sostenibles» y pactos conjuntos con sus acreedores.
Y es que en el ámbito de las empresas, al contrario de lo que ocurre con los particulares, no hay, advierte este abogado vigués, «una segunda oportunidad» que conlleve el perdón total de las deudas. O se busca la manera de afrontar esos pagos o la sociedad se acaba «extinguiendo».
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