El difícil arranque de la reforma judicial

Todo cambio cuesta. La creación del Tribunal de Instancia de Vigo que ha removido en profundidad la estructura judicial tal y como la conocíamos hasta ahora es una reforma a la que costará acostumbrarse. A punto de cumplirse un mes desde su puesta en marcha, estas primeras semanas han convivido con una serie de «disfunciones» que están dificultando su implantación. Los ya antiguos juzgados estancos pasan a funcionar como una gran oficina judicial de 395 personas, entre letrados judiciales y funcionarios, al servicio de los 38 magistrados del recién estrenado tribunal y de los 11 que desarrollan su labor en las salas de Audiencia. La falta de habilitación informática para funcionarios que tienen encomendadas nuevas tareas y retrasos en la ejecución de las resoluciones civiles son algunos de los problemas detectados en este arranque, que a día de hoy está en la fase II de implantación, que en la ciudad olívica concluye el 5 de febrero para dar paso a la fase III y última, aún sin fecha y centrada en la reubicación física de los trabajadores.

«Es una reforma de un calado muy profundo y ha pasado aún muy poco tiempo. Trabajamos todavía con inercias del sistema anterior y estamos aterrizando, quedan muchos flecos que poner en marcha», advierte Germán Serrano, que con la nueva ley ha visto como su cargo, el de juez decano, ha cambiado de denominación: ahora es el presidente del Tribunal de Instancia de Vigo. Como en otros partidos judiciales gallegos, está elaborando un informe sobre los problemas que se están viendo en la ciudad para presentarlo esta semana en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). «Hay compañeros que me trasladaron que no se han encontrado con ningún problema relevante, pero en otros ámbitos hay disfunciones que recogeré en el informe, si bien en las de la cuestión informática la Xunta ya había advertido que la implantación iba a ser progresiva», explica.

Los abogados alzan la voz y piden soluciones «urgentes»

Hace solo unos días el Consello da Avogacía Galega solicitó la adopción de «medidas urgentes» para mejorar la implantación de estos tribunales de instancia. «La puesta en funcionamiento del nuevo sistema se está produciendo en un contexto de transición incompleta, con problemas organizativos, deficiencias en la habilitación del personal y dificultades en el funcionamiento del sistema de gestión procesal», avisa la entidad presidida por Luis Torres Foira, que pide soluciones para que no se produzca un atasco como ocurrió en «crisis anteriores», en referencia a las huelgas que en los últimos años afectaron de lleno a la actividad judicial.

Los sindicatos judiciales también han alzado la voz. «La implantación está siendo caótica y desordenada», resume Roberto Fariña, de STAJ y presidente desde 2024 de la junta de personal judicial en la provincia de Pontevedra. Entre los problemas, cita el de la falta de permisos y habilitaciones informáticas para los funcionarios de cara a que puedan trabajar en Minerva. «Si un trabajador antes estaba en el antiguo Juzgado de Primera Instancia número 1 y ahora, por ejemplo, lo integran en el grupo de subastas y ejecuciones hipotecarias, pues debo tener acceso en el sistema a todo el ámbito civil; si no tiene los permisos, no puede trabajar o no puede hacerlo para la nueva labor que le han encomendado», explica.

Pocos funcionarios para dar cumplimiento a las sentencias

La ejecución también preocupa. En el ámbito civil hay menos funcionarios para dar cumplimiento a las sentencias en relación a los que había en los antiguos juzgados de Primera Instancia. «De 3 por juzgado se pasa a 1,25 por juez», indica Fariña. «Ya hay signos de esa infradotación y si no se corrige hay riesgo de retraso y de colapso en esta fase tan importante», advierte. Al presidente del tribunal de instancia ya le han trasladado, de hecho, estos problemas de «ralentización» en la ejecución civil y ciertas disfunciones en la tramitación en la Sección Penal.

Estos problemas conviven con la sobrecarga de trabajo en la Sección Civil y en la Mercantil, que hace necesario más jueces y una mayor plantilla de funcionarios. Y a la espera de si el Ministerio de Justicia crea la plaza 8 de Instrucción prometida (ahora esta carencia se suple con una medida de refuerzo), Germán Serrano avisa de que habrá que estar atento a si se necesitan más funcionarios en Violencia sobre la Mujer, que pasa a tener dos magistrados: «Se ha nombrado uno, pero hay que ver si se necesita más personal. A la Sección de Violencia hay que mimarla especialmente y la Administración tiene ahora una oportunidad para hacerlo».

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