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Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar

Una inspección laboral localizó a una quincena de empleados sin permiso de trabajo montando stands para la feria de 2023 | Se le imputa un delito contra los derechos de los trabajadores

Segunda jornada de la pasada edición de Conxemar

Segunda jornada de la pasada edición de Conxemar / Alba Villar

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

La mercantil Carpintería Cartabón Decoración de Madera SL se creó en abril de 2023 en Madrid con el «montaje de stands» como principal objeto de negocio y 3.000 euros de capital social. En agosto del mismo fue contratada por otra sociedad, Amasj District, para el ensamblaje de expositores de la feria internacional Conxemar, que se celebró en el recinto ferial de Vigo (Ifevi) entre los días 3 y 5 de octubre. A escasas dos semanas del arranque del evento una inspección laboral aleatoria identificó una quincena de personas que estaban trabajando para Cartabón de forma irregular. El Ministerio Fiscal solicita pena de prisión de 3 años y 6 meses para la administradora por un delito contra los derechos de los trabajadores; el juicio se celebrará la próxima semana en el juzgado de Instrucción número 8 de Vigo.

Fue el 21 de septiembre cuando funcionarios de la Inspección de Empleo y Seguridad Social, en coordinación con la Brigada y Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, acudió al Ifevi para verificar los trabajos de montaje de expositores, como describe el escrito de acusación. «Seleccionados los stands correspondientes a la mercantil Amasj Distric Sl, las subinspectoras actuantes verificaron que en ese momento estaban trabajando para Cartabón Carpintería de Madera» hasta 15 personas extranjeras, todas «sin autorización de trabajo válida». Los empleados eran de Guatemala, Colombia, Perú, Venezuela y Honduras.

En ese momento, la mercantil no tenía ningún trabajador de alta en el régimen general de la Seguridad Social ni se había inscrito como empresa en el régimen general. Solo por la jornada identificada el perjuicio para la Seguridad Social a efectos de recaudación ascendió a más de 1.330 euros. «La acusada —abunda el fiscal— actuó con pleno conocimiento de estar dando ocupación laboral a las anteriores personas careciendo de la necesaria autorización para trabajar en España».

Además de la pena de prisión para la dueña de la empresa, con 10 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros, el Ministerio Público ha interesado el cierre de Cartabón por un periodo de 5 años.

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