La jueza cita como investigada a la concejala de Fiestas de Vigo por el accidente mortal del «saltamontes»

Impulso judicial al caso del accidente mortal del «saltamontes» que le costó la vida al joven Iván Castaño Hervella en agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá. La magistrada que se encarga de esta instrucción ha citado en calidad de investigados a la concejala de Seguridad y Fiestas Patricia Rodríguez Calviño y al jefe del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento vigués, Antonio V.M., debiendo comparecer asimismo con la misma condición A.L.A., el perito que realizó la inspección y revisión anual de la atracción meses antes del trágico siniestro. La jueza los ha convocado para el 3 de febrero, día en el que expira la última prórroga acordada en la causa, motivo por el que ya se ha solicitado una nueva ampliación de la investigación para continuar con las diligencias.

El accidente ocurrió el 3 de agosto de 2024. Meses después, en febrero de 2025, tras recibirse el informe clave del perito judicial que atribuyó el siniestro a un problema en el ajuste de los tornillos de sujeción del brazo hidráulico que se desprendió, se desencadenaron las primeras imputaciones. La primera persona citada como investigada fue G. M. M. dos S., propietario del «saltamontes». En marzo la titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo adoptó idéntica decisión en relación con Cristian González Martínez, quien era presidente de la comisión de fiestas de Matamá cuando fue el siniestro. El abogado de los padres del fallecido, Carlos Pérez Parga, y el de la joven que sobrevivió también habían solicitado en diversos escritos la citación de la concejala de Fiestas y de otro tres trabajadores municipales, pero la magistrada y posteriormente la Audiencia de Vigo, en resoluciones emitidas el pasado año, denegaron en dicho momento procesal esas diligencias.

Ha sido ahora, en una providencia con fecha de este miércoles 21 de enero, cuando sí se ha atendido en parte a las diligencias solicitadas por estas acusaciones particulares. La jueza, en dicha resolución, ordena oír «en declaración» y como «investigados» a la edil de Fiestas así como al jefe municipal del área de Seguridad y Movilidad, si bien no cita a los otros dos técnicos del Concello que pedían las partes. También deberá acudir, igualmente como investigado, el perito que realizó la inspección anual del «saltamontes» en 2024, que es la única comparecencia interesada por la Fiscalía en el informe de 16 de enero emitido de forma previa a la resolución judicial que se acaba de conocer. El Ministerio Público también ha solicitado la prórroga del plazo de la instrucción, motivo por el que el tribunal ha dado traslado a las demás partes personadas para que aleguen lo que estimen conveniente.

Sin plan de inspección ni órdenes expresas a la Policía Local

La instructora adopta esta decisión tras recibir los informes de las partes. Junto a esa prórroga del caso, la fiscal únicamente pide la citación del ingeniero técnico industrial que, en marzo, meses antes del accidente, emitió el certificado de inspección anual del «saltamontes» siniestrado, quien ya declaró en su día en sede policial. La acusación público solicitó expresamente que comparezca como investigado «en garantía de sus derechos y sin perjuicio de que su representación procesal aporte la documentación que estime necesaria [...]». Sobre la situación del Concello, el Ministerio Fiscal no ha pedido ninguna comparecencia en el momento actual, «sin perjuicio de lo que pudiera proceder en el futuro habida cuenta de lo que se está indicando y del hecho de que el Concello de Vigo no disponía de un plan de inspección ni tampoco consta que incoara algún expediente relativo a la falta de cumplimentación de requisitos por la atracción ni que indicase de forma expresa a la Policía Local que debía procederse al precinto, paralización o similar en las fiestas de Matamá de 2024».

Una «omisión del deber de control»

La jueza, sin embargo, sí ha decidido citar a la concejala y al responsable del área de Seguridad, algo que sí solicitaron expresamente las acusaciones particulares en diversas ocasiones. En el último escrito formalizado por el abogado de los padres de Iván incidía de nuevo en esta cuestión. «Solicito se valores la condición de investigados de los funcionarios públicos responsables del Concello de Vigo que conocían la falta de documentación, no actuaron, no inspeccionaron y permitieron el funcionamiento de una atracción inhabilitada», señala en referencia al informe del Ayuntamiento emitido la noche del 1 de agosto de ese 2024 (el accidente fue el día 3) que desautorizaba la puesta en marcha de ocho atracciones en Matamá, entre ellas la del «saltamontes», pese a lo cual funcionó con normalidad hasta que se produjo el siniestro mortal.

«La atracción nunca pudo ser habilitada y debió ser precintada. Nada de esto se hizo. Operó ante la pasividad municipal, constituyendo una inobservancia palmaria de obligaciones legales mínimas», razonó también esta parte en ese escrito en el que hace hincapié en dicha «omisión del deber de control» y compara lo ocurrido en Matamá con las fiestas de Coia de este año, en las que no hubo atracciones. «En 2025 el Concello sí sabía actuar, pero en 2024 no lo hizo, lo que demuestra una negligencia grave específica, no un mero problema estructural», resume.

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