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Nueve años de inhabilitación para un exconcejal de Baiona por la adjudicación a dedo de obras en caminos vecinales

La vista de conformidad se celebró esta mañana en la Audiencia de Vigo

Vista de conformidad contra un exconcejal socialista de Baiona al que la Fiscalía acusaba de un delito de prevaricación

Vista de conformidad contra un exconcejal socialista de Baiona al que la Fiscalía acusaba de un delito de prevaricación / Marta G. Brea

Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogió este martes la vista de conformidad contra un exconcejal socialista de Baiona al que la Fiscalía acusaba de un delito de prevaricación por adjudicar a dedo unas obras menores en caminos vecinales de la parroquia.

El acusado, Óscar Martínez Álvarez, asumió la autoría de los hechos y aceptó 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo electo o de puesto con competencia decisoria o ejecutiva en el ámbito de la contratación pública.

El acusado fue desde el 2019 a 2023 concejal de Vías y Obras del Concello de Baiona y desde octubre de 2022 a mayo de 2023 concejal de Urbanismo. En tal condición y, pese a carecer de toda competencia para la contratación, relata la Fiscalía, contactó a través de su administrador con la mercantil Serfesa 2010 SL y, agrega, le ofreció a principios de 2023 la realización de obras de mejora de viales y hormigonado en los caminos vecinales de Baredo, Camiño lugar Ponte y lugar de Carballo (contrato de obra menor con procedimiento propio).

El 2 de febrero de 2023 dicha empresa presentó presupuestos por un importe total de 38.115 € y el 10 de febrero el acusado envió un correo a la mercantil aceptándolos. Y en abril la mercantil formalizó ante la intervención de la Alcaldía las facturas correspondientes a las obras ejecutadas.

Ante el impago por los trabajos realizados, la empresa requirió el pago al concello, «negándose este al pago al negar la contratación», lo que motivó que la mercantil tuviese que acudir a la vía judicial contencioso-administrativa.

La fiscal sostiene que el acusado «efectuó la referida contratación careciendo de competencia para ello, sin incoar el preceptivo expediente administrativo y con total inobservancia del procedimiento aplicable para la realización de contratos menores».

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