El «cártel de los coches» da lugar a un aluvión de 3.270 demandas en Vigo en solo dos años

Como ocurrió con las cláusulas suelo y después con los gastos hipotecarios, el escándalo del «cártel de los coches» también ha dado lugar a una litigación en masa. El antiguo Juzgado de lo Mercantil de Vigo, en la actualidad denominado plaza número 3 con sede en la ciudad olívica de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Pontevedra, registró en solo dos años 3.271 demandas de conductores afectados por sobreprecios en la compra de vehículos. Tal aluvión ha hecho mella en la sección viguesa, motivo por el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia el nombramiento de tres magistrados de refuerzo que ayuden a la única titular a sacar adelante estos pleitos, una petición que se une a la de una mayor plantilla de funcionarios.

La única plaza de lo Mercantil de Vigo ha sufrido una notable sobrecarga de trabajo en el 2025 que acaba de finalizar. El antiguo juzgado registró 2.175 asuntos, una cifra del todo desproporcionada si se tiene en cuenta que el volumen máximo aconsejado, incluyendo la ejecución, es de 435 procedimientos anuales. El «cártel de los coches» es el principal culpable de este atasco: los 1.435 casos de esta materia contabilizados el pasado año (que se unen a los 1.836 que se habían registrado en 2024) supusieron el 65% del volumen de trabajo que asumió el órgano judicial. La explicación de que Vigo centralice tantos litigios por los sobreprecios hay que buscarla en el hecho de que la sede social de Stellantis España S.L., grupo empresarial que aglutina a parte de las marcas sancionadas, se encuentra en la urbe olívica.

Si el Poder Judicial y el ministerio dan su visto bueno, Vigo contará con cuatro magistrados para deshacer el colapso provocado por esta avalancha de demandas. En realidad serían tres, ya que una de las comisiones de servicio sin relevación de funciones fue solicitada por la propia magistrada del Mercantil de la ciudad, Amelia María Pérez Mosteiro, quien de este modo seguiría con su labor habitual y asumiría una carga de trabajo a mayores derivada de esta comisión de servicio. Los otros dos jueces de apoyo propuestos son los titulares de las dos plazas mercantiles que tienen su sede en Pontevedra, Manuel Marquina Álvarez y Rosario Rodríguez López, que también compatibilizarían su trabajo en la ciudad del Lérez con el que tengan derivado del «cártel de los coches» en Vigo.

Junto a las demandas contra las marcas automovilísticas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), otra parte importante de la labor actual del Mercantil son los concursos de acreedores, tanto los de empresas como los de ciudadanos particulares, especialmente estos últimos. En 2025 se registraron 319, de los que 241 fueron de personas físicas, es decir, de familias que se declararon en quiebra, y otros 78 fueron los tradicionales de sociedades mercantiles. Aunque la cifra de concursos es muy inferior a la de los litigios por los conductores afectados por los sobreprecios, hay que tener en cuenta que la materia concursal es más compleja y los procedimientos pueden alargarse durante años, sobre todo los de las empresas, debido a la tramitación que necesitan.

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