Un atasco sin precedentes eleva a tres años la espera por una sentencia civil en la Audiencia de Vigo

La Sección Sexta afronta un colapso histórico. La única sala civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra que tiene su sede en Vigo acumula casi 2.800 asuntos pendientes de sentencia. Una cifra nunca vista. El esfuerzo de los siete magistrados y magistradas con los que cuenta en la actualidad este órgano judicial, dos de ellas de refuerzo, es insuficiente debido al aluvión de litigiosidad sin precedentes de los últimos años. El atasco ha elevado a más de tres años la espera por una sentencia desde que un procedimiento entra en esta sala.

«El volumen de trabajo no es escandaloso, es escandalosísimo», resumen en la sección. Y no exageran. Esta sala de segunda instancia encargada de resolver todos los recursos de apelación de materia civil de Vigo y Redondela nació en 2001 abocada al colapso. Uno de sus peores momentos lo vivió en 2009, cuando se convirtió en el órgano judicial más colapsado de España entre los de su especialidad. Aquel año alcanzó los 1.660 asuntos pendientes y, con mucho esfuerzo y gracias a las medidas de apoyo, logró recuperarse y bajar la pendencia a los 341 procedimientos con los que cerró el 2020. Pero la pérdida de los refuerzos que tuvo hasta entonces, la nueva competencia en materia hipotecaria y el auge de los litigios promovidos por los fondos buitre o los derivados de las tarjetas revolving la acabaron por sumir en un nuevo y más severo atasco. Y es que este 2026 ha arrancado con un lastre de 2.798 procedimientos a la espera de resolución judicial, la mayor pendencia desde su creación hace 24 años.

Esta sala civil de la Audiencia nació con tres magistrados y ganó el cuarto cuando en 2005 se especializó en civil y dejó de asumir materia penal. En 2024 se creó una plaza más y a mayores una jueza de Adscripción Territorial (JAT). Y en 2025 ganó otra magistrada de refuerzo, una medida que acaba de prorrogar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por seis meses desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Es decir, a día de hoy cuenta con siete magistrados y magistradas: la presidenta de la sala Begoña Rodríguez González, los también titulares Magdalena Fernández Soto, José Ferrer González, Eugenio Francisco Míguez Tabarés y Flora Lomo del Olmo, y las jueza de refuerzo María Mayo Rodríguez y Ana Araceli Muñoz Martín.

Una tasa de resolución del 157%

Con una tasa de resolución que está muy por encima del 100% aconsejable (están trabajando a un 157%), este esfuerzo sin embargo no llega para poner la sala al día. Y es que al margen de la pendencia que no ha dejado de crecer en los últimos años, el volumen de nuevos asuntos está también en cifras históricas. En 2025 registraron 2.395 procedimientos, una cifra muy superior a la media del millar anual que tuvo esta sala durante gran parte de su historia y por encima de los 1.701 que asumió en 2024. El incremento de trabajo en un solo año ha sido de un 40%.

«Llueve sobre mojado, lo extraordinario aquí se ha convertido en algo ordinario», afirman en la sección en referencia a la situación de colapso con la que ha convivido esta sala durante muchas épocas a lo largo de más de dos décadas. Jueces, abogados y procuradores han advertido una y otra vez de que la sobrecarga de trabajo no es algo puntual, sino «coyuntural», de cara a pedir una segunda sección civil de la Audiencia para Vigo, sin que el aumento de magistrados haya solucionado la situación. «Para resolver este colapso hacen falta todavía más jueces, no hay otra», advierten las fuentes consultadas, que apuntan también a otra cuestión de más calado, la de que hay asuntos que están revisando en segunda instancia que no deberían, a su juicio, ser susceptibles de recurso de apelación.

«El legislador debería replantearse qué asuntos son merecederos de recurso. ¿Decidir donde celebra un niño de padres divorciados la Primera Comunión lo es? Es algo sobre lo que hay que reflexionar. Existe derecho constitucional para la segunda instancia penal, pero no a la civil. La apelación en este ámbito debería reservarse para determinados procedimientos, para ser más eficaces. Y si queremos seguir como ahora, pues entonces necesitamos un mayor número de magistrados», reflexionan las mismas fuentes sobre esta concreta cuestión.

Una larga espera y otros asuntos con tramitación preferente

El atasco actual de la Sección Sexta está provocando demoras de más de tres años en la resolución de los recurso de apelación desde que los asuntos entran en la sala. Un buen ejemplo de ello es uno de los procedimientos sobre los que los magistrados deliberarán este enero. Se trata de una causa centrada en un préstamo financieron usurario cuya demanda inicial se presentó en 2020. La sentencia en primera instancia se dictó en julio de 2022 y, tras ser apelada y turnada a esta sección, será en el arranque de este 2026 cuando por fin se resuelva el recurso. Otro procedimiento, en este caso de propiedad horizontal, llegó a la vía judicial en 2021. El primer fallo judicial se emitió en julio de 2023 y la apelación no se notificará hasta este enero.

Los asuntos que no tienen esta espera tan larga son los que tienen una tramitación preferente, como por ejemplo determinados procedimientos de Familia (guarda y custodia, pensiones de alimentos, etcétera), los de personas con discapacidad o las inadmisiones de demandas que no cumplen con el nuevo requisito de la mediación impuesto por la Ley de Eficiencia Procesal. Y causas más urgentes como los internamientos psiquiátricos o las adopciones se resuelven «en días».

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