El burofax y la conciliación judicial se erigen como métodos estrella para cumplir el requisito legal de la mediación
“Los abogados ya negociábamos antes de la ley, pero pocas veces prospera y el efecto es únicamente dilatorio”, coinciden letrados vigueses sobre la negociación que se exige desde abril para litigar en civil y mercantil

La ley que obliga a la negociación previa entró en vigor en abril y ya forma parte de la rutina judicial en Vigo. / Marta G. Brea

El burofax o el clásico procedimiento de conciliación judicial se han consolidado como los medios más utilizados por los abogados de Vigo para cumplir el requisito legal de la negociación previa que se exige para la inmensa mayoría de los pleitos mercantiles y civiles, incluidos los de familia. Transcurridos nueve meses desde que entró en vigor la Ley de Eficiencia Procesal, estos métodos ya forman parte del día a día de los bufetes y de los juzgados, aunque aún persisten dudas. En lo que coinciden la mayoría de los juristas consultados por FARO es que la negociación ni descongestionará los tribunales ni, por el momento, está fomentando los acuerdos extramuros de las salas judiciales. «Salvo casos puntuales, lo único que consigue es dilatar en el tiempo los procedimientos y retrasar unos meses el atasco», valoran.
La ley que introdujo los formalmente denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) entró en vigor el 3 de abril de 2025. Tanto los magistrados como los letrados de la Administración de Justicia de Primera Instancia celebraron esas primeras semanas juntas sectoriales para clarificar la cuestión. En esas reuniones se dejó claro que ni las conversaciones telefónicas ni los wasaps son válidos, pero sí se confirmaron el burofax o el buromail como medios idóneos para ese intento de negociación previo a la demanda. También el acta notarial, la conciliación judicial o la intervención de un mediador profesional, mecanismo este último que no está teniendo demasiado éxito. «Aquí no hay cultura de mediación. Es muy complicado explicarle a un cliente que debe sentarse con la otra parte a tratar de llegar a un acuerdo mediante este tipo de sesiones», explican, incidiendo además en el coste económico que supone.
El reto de resolver un conflicto «de forma amistosa»
«El método que estoy utilizando es el burofax, pero ya lo usaba antes de esta ley. Los abogados siempre hemos negociado. Lo idóneo, claro está, es resolver un asunto de forma amistosa, pero eso en muchas ocasiones es imposible. Ocurría antes de la reforma y sigue ocurriendo ahora», resume Tomás Santodomingo. Carlos Borrás también acude a ese mismo servicio postal urgente y certificado. «Al principio también utilizamos el correo electrónico con acuse de contenido, pero nos generaba dudas. Por eso optamos por el burofax, pese a que tiene un coste económico mayor», indica. Concretamente, explica, 19,72 euros si consiguen comprimir la oferta que le hacen al contrario en una sola hoja. Su experiencia, sin embargo, es que no evita la vía judicial posterior. «Hemos enviado muchos y ninguno ha surtido efecto en el sentido de haber alcanzado un acuerdo previo al pleito», señala.
Abogados como Rogelio González Carracedo o Pablo Ulfe optan asimismo por el burofax con una oferta vinculante al contrario. «Nos estamos encontrando con que algunos juzgados, además del acuse de recibo, nos están pidiendo un certificado de contenido de cara a acreditar que lo que exponemos en ese documento coincide después con lo que iría en la demanda”, concreta Ulfe. Si el destinatario del burofax no contesta en un plazo de un mes, quien lo remitió ya tienen vía libre para ir ante un juez.
Un 290% más de procedimientos de conciliación judicial
La conciliación judicial también tiene bastantes adeptos. «Hemos optado por este mecanismo en algunos casos, por ejemplo si no tenemos el domicilio del demandado», explica Pablo Ulfe. Los procedimientos de conciliación judicial, de hecho, se han disparado en Vigo debido a esta nueva ley. En el ámbito civil en 2023 hubo 408 actos de conciliación y en 2024 fueron 374. En 2025 sumaron 1.461, un 290% más. «Si en esa conciliación una persona reconoce efectivamente la deuda que se le reclama y acepta las condiciones de pago, ese acta tiene consideración de título ejecutivo», afirma por su parte la abogada Susana Castro.
A juicio de esta letrada, en todo caso, la negociación previa que se exige no va a descongestionar los juzgados. «El moroso profesional ni va a contestar al burofax ni se va a presentar a la comparecencia de la conciliación; alguien que tenga una deuda o algún otro pleito puntual por ejemplo de familia si es posible que se avenga al diálogo», reflexiona. «Las negociaciones previas que hemos llevado a cabo han sido todas mediante ofertas vinculantes por burofax. Y en todas hubo que acudir después a la vía judicial», coincide Carlos Pérez Parga. Y de similar opinión es Nuria Cachafeiro, que indica que, en todo caso y por su experiencia, lo que más favorece las soluciones amistosas son las negociaciones entre abogados que ya llevan haciendo «desde siempre».
Un mecanismo que se exige para deudas, divorcios y otro sinfín de asuntos
Lo cierto es que la mediación implica a miles de procedimientos anuales. Solo hay que ver el volumen de trabajo de los juzgados de Primera Instancia olívicos. Los que llevan asuntos civiles ordinarios registraron el pasado año casi 19.000 procedimientos. Y para la mayoría de ellos, incluidos los monitorios, el pleito más utilizado para reclamar deudas, se exige la negociación previa. En el caso de Familia, cuyas salas contabilizaron el pasado año 3.726 casos, también es un requisito de forma previa a presentar una demanda de divorcio o separación, una modificación de medidas o los litigios que hay por los desacuerdos entre excónyugues en el ejercicio de la patria potestad de sus hijos menores.
«Se exige siempre salvo, claro, que sean procedimientos ya de mutuo acuerdo», indican en una de las salas, en donde sí aclaran que en materia matrimonial rechazan la validez de las conciliaciones judiciales como MASC si hay menores de por medio. «Solo son aceptadas en divorcios sin hijos menores, que son los menos, o por ejemplo en ciertos procedimientos como las liquidaciones de gananciales», concluyen.
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