La falta de previsión deja a la mediación en el «limbo» de la justicia gratuita
Los baremos de la Xunta aún no contemplan honorarios para los abogados de oficio de Vigo que intervienen en las negociaciones previas que se exigen para poder interponer pleitos civiles
Los abogados de oficio protagonizaron movilizaciones históricas en los últimos años para exigir retribuciones dignas. / Javier Teniente
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El 3 de abril de 2025 entró en vigor la Ley de Eficiencia Procesal. Uno de los grandes cambios que introdujo fue la exigencia de una mediación o conciliación previa en la mayoría de pleitos civiles y mercantiles. Pero transcurridos nueve meses desde entonces, hay cuestiones relacionadas con esta obligación legal que aún no han sido resueltas. Una de ellas son los honorarios que deben percibir los abogados de oficio por intervenir en estas negociaciones. Los baremos de la Xunta vigentes no contemplan todavía un pago por este concreto tipo de asistencia ni tampoco está prevista una designación solo para este trámite. La mediación permanece así en una especie de «limbo» en lo que a la justicia gratuita se refiere.
La obligación de acudir a estos Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de ir a la vía judicial –son válidas desde la clásica mediación hasta, entre otras fórmulas, la negociación por medio de buromail o burofax– ha dado lugar a esta problemática. «A pesar de que la Ley de Justicia Gratuita los prevé como uno de los contenidos de derecho material, la Administración no los contempla en los baremos actualmente vigentes mientras no se aprueben unos nuevos», explica José Vila, miembro de la junta directiva del Colegio de la Abogacía de Vigo. La negociación de los baremos de 2026 está de hecho paralizada tras negarse el Consello da Avogacía Galega en diciembre a firmar el convenio al considerar «manifiestamente insuficiente» la propuesta de la Xunta.
Soluciones provisionales
La cuestión no es baladí, ya que esta situación podría generar indefensión a los ciudadanos que necesitan la mediación y tienen derecho a justicia gratuita. Para no dejarlos sin asistencia, el colegio vigués está acudiendo a soluciones provisionales. Así, en el caso de las personas que solicitan abogado de oficio para una demanda civil, se le está designando un letrado para el procedimiento judicial que también interviene en la negociación previa, que si surte efecto, al no existir en el baremo un pago concreto previsto para el MASC, se acude al concepto similar de «transacción extrajudicial», que sí está contemplado.
José Vila, miembro de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Vigo. / Ricardo Grobas
Para evitar indefensión al ciudadano hemos decidido nombrarle abogado como si fuera para la causa principal
¿Y si quien acude a pedir justicia gratuita es un ciudadano que recibió una oferta de mediación por parte de quien lo quiere demandar? «Tampoco está prevista una designación solo para este trámite ni un pago por dicha intervención», confirma Vila. Para evitar indefensión y de cara a que el afectado tenga asistencia jurídica que le permita afrontar con garantías la negociación, lo que se hace es nombrarle también un abogado como si fuese para el procedimiento judicial posterior, quien también intervendrá en esa fase previa. «Pero es necesario que cuanto antes este trámite se contemple de forma concreta en los baremos y, además, con una remuneración digna», concluye este abogado vigués.
Una demanda al alza que supera la barrera de las 10.000 solicitudes anuales
La demanda de abogados de oficio se sitúa en parámetros altos en Vigo, superándose la barrera de las 10.000 solicitudes anuales. Un tipo de asunto al alza a efectos del reconocimiento del derecho de la justicia gratuita son los concursos de acreedores de personas físicas, los que piden las familias en quiebra que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad.
Las estadísticas del Colegio de la Abogacía arrojan que en 2025 se registraron 10.893 solicitudes de abogados de oficio. Si se compara esta cifra con la de hace una década –en 2016 hubo casi 8.800–, el aumento es de un 25%. Casi la mitad de las peticiones son para el ámbito penal, teniendo también un peso importante las que se realizan para causas civiles, laborales y de Familia.Los abogados de oficio protagonizaron en los últimos años, en Vigo y en el resto de España, movilizaciones históricas y hasta una huelga para denunciar la baja retribución de sus servicios jurídicos.
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