La jueza exige garantías para trasladar al homicida de Lavadores a un geriátrico

La excarcelación del presunto homicida de Lavadores de cara a trasladarlo a una residencia de mayores debido a la enfermedad terminal que padece no es una cuestión baladí. La esquizofrenia paranoide que sufre desde hace más de tres décadas y el grave delito por el que está acusado han llevado a la Fiscalía y a la jueza instructora a pedir explicaciones sobre las medidas de seguridad con los que se contaría en el geriátrico para, entre otras cuestiones, garantizar la seguridad no solo del propio acusado, sino también de los demás residentes con los que coincidiría en el centro y de los trabajadores.

Acusado de acuchillar a su hermana Mari Carmen el 3 de abril de 2024 debido a una descompensación psicótica de la enfermedad psiquiátrica que padece ya que llevaba varios meses sin tomar la medicación que tenía prescrita, Juan D.E. permanece en la prisión pontevedresa de A Lama, cuya dirección pidió el pasado julio su salida del penal por razones humanitarias y médicas debido a que sufre una enfermedad pulmonar terminal e incurable. Según los informes médicos emitidos por A Lama, la situación física de este sexagenario «es incompatible con una vida digna en un centro penitenciario».

Junto a esa patología física, Juan está diagnosticado de esquizofrenia, enfermedad muy probablemente derivada de la drogodependencia en la que cayó en su juventud. Cuando hace ya casi dos años cometió el crimen estaba bajo la curatela de la Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA) y tenía asistencia profesional para su día a día, si bien eso no era suficiente. El hombre vivía solo en la calle Curros y su hermana Mari Carmen, a la que él acabó matando, se encargaba de su cuidado, acudiendo a la vivienda con regularidad para que no le faltase comida ni el dinero que ella se encargaba de administrarle.

Una plaza privada disponible

La FUNGA, que ha sido objeto de investigación en el marco de la instrucción judicial por este homicidio en aras de averiguar si pudo haber incurrido en una desatención en la tutela del hoy investigado ante esa evidencia de que había abandonado la medicación prescrita, ha emitido un informe recientemente en el que, a la vista de la petición de excarcelación de la prisión, plantea llevar al supuesto homicida a un geriátrico privado. Concretamente, en su escrito con fecha del pasado 31 de octubre indicaba que en dicho momento se disponía de una plaza en Vigo «el centro DomusVi».

La cuestión es peliaguada. Ante la propuesta realizada por esta fundación dependiente de la Xunta, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo ha emitido una providencia en la que ordena librar oficio a la FUNGA, así como a DomusVi, a fin de que remitan un informe sobre una serie de extremos que el Ministerio Fiscal ha pedido aclarar en relación al posible traslado a dicha residencia.

Son concretamente tres las cuestiones por las que preguntan la juez y la Fiscalía. La primera de ellas es cómo se haría para cumplir «la limitación de libertad personal» en relación con Juan D.E., «por cuanto el investigado no podría abandonar el centro sin previa autorización judicial excepto para su sometimiento a los tratamientos médicos pertinentes y en todo caso bajo la vigilancia precisa». Y es que el sexagenario está siendo investigado por la presunta autoría de un delito de homicidio y está pendiente de que concluya la instrucción judicial en torno al crimen de cara a ser llevado a juicio.

El segundo de los extremos que se plantean es, en caso de nuevo de ese traslado desde la cárcel al geriátrico, «cómo se garantizaría la sumisión del investigado a su tratamiento psiquiátrico habitual». Y, finalmente, la jueza se interesa también por el tipo de medidas que se arbitrarían para garantizar la seguridad del supuesto agresor, así como «de los demás residentes y del personal trabajador del centro residencial».

Sin posibilidad de residencia pública

De forma previa a la búsqueda de un geriátrico privado, la Consellería de Política Social ya cerró la puerta a que pudiese ser trasladado a una residencia de mayores pública alegando que los recursos asistenciales que gestionan son para «personas mayores» y no para pacientes del ámbito de la salud mental «de difícil compensación y control». También indicó que dada la naturaleza de los centros de los que se encargan, tampoco podrían garantizar la custodia, contención o vigilancia que se necesita para un caso como este. Junto a la respuesta de la propia Xunta, sus trabajadores, a través del comité de empresa, mostraron su rotunda oposición al ingreso de enfermos psiquiátricos graves en centros residenciales de mayores dependientes, máxime si son responsables de «delitos tan graves» como el de homicidio, que es lo que ocurre en este caso.

La excarcelación de Juan D.E. cuenta con la oposición de los hermanos y los hijos de la víctima, alertando del riesgo de reiteración delictiva. «Esta patata caliente no la quiere nadie; la realidad es que debe quedar donde está», expusieron.

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