Más de 300 padres divorciados acabaron en la vía judicial por no pagar la pensión a sus hijos

Se trata de una conducta que el Tribunal Supremo ha calificado de «violencia económica». Tipificada de forma expresa en el Código Penal y castigada con una pena que puede alcanzar el año de prisión, paradójicamente es un delito demasiado habitual. Se trata de la del impago de la pensión de alimentos a la que deben hacer frente los padres o madres separados con respecto a sus hijos. Los juzgados de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra abrieron en un solo año un total de 330 procedimientos contra progenitores que incumplieron esta obligación económica. Aunque estos casos se suelen resolver en la vía civil, en los juzgados de Familia encargados de dirimir las medidas derivadas de un divorcio, cuando el impago se alarga en el tiempo traspasa esta frontera judicial y acaba en la penal. Y pese a no ser la norma, no es excepcional que haya progenitores que acaben entrando en la cárcel si son reincidentes o se constata una «voluntad renuente» a cumplir con esta mensualidad. Si, pese a tener capacidad económica, no abonan «ni un solo euro», como ocurrió en un caso en el que la Audiencia de Vigo confirmó la decisión de la jueza de lo Penal de que un padre fuese privado de libertad.

Tras un divorcio, junto a la guarda y custodia, una de las medidas más importantes es establecer la pensión de alimentos, que debe sufragar el progenitor no custodio. Solo una situación de prácticamente pobreza absoluta libera de esta obligación, en la que los jueces tienen en cuenta los ingresos económicos de quien debe afrontarla para establecer la cantidad a pagar mes a mes. Las discrepancias entre los excónyugues en relación con esta prestación suelen dirimirse en primer término en los juzgados de Familia. A lo largo de 2025 casi 300 progenitores (concretamente 283) iniciaron un procedimiento de modificación de medidas, que es la vía existente para solicitar una revisión a la baja de esta prestación o su extinción, aunque también para pedir un cambio en el régimen de custodia o en lo relativo a las visitas.

Contra las relaciones familiares

Pero el impago de pensiones, cuando es persistente, puede llegar a la vía penal. El delito está regulado en el artículo 227 del Código Penal, que castiga con la pena de prisión de tres meses a un año o multa al que «dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos» establecida en sentencia o convenio.

Esta conducta es la más habitual dentro del grupo de delitos que se cometen contra las relaciones familiares, tal y como refleja la memoria de 2025 de la Fiscalía Superior de Galicia. Con datos relativos a 2024, durante ese ejercicio 330 padres acabaron en la vía judicial penal en Vigo y el resto de la provincia por no abonar este tipo de pensiones. Casi la mitad (140) llegaron a juicio y, una vez superada esta fase, lo habitual es que los casos acaben en condena. Y es que es excepcional que los jueces liberen a un progenitor de su obligación de pagar la pensión.

Esto solo ocurre cuando hay una ausencia total de ingresos y patrimonio, es decir, una situación próxima o de total indigencia, ya que, cuando un progenitor tiene percepciones muy bajas lo que se suele hacer es marcar un «mínimo» para que de alguna manera contribuya a la manutención de sus hijo o hijos. «La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas», reza de hecho el Código Penal. Hay, en todo caso, excepciones. Como un asunto que la Audiencia ordenó revisar, tras una inicial sentencia condenatoria, sobre un padre con problemas de salud que se quedó sin trabajo y fue desahuciado de su vivienda a raíz de la pandemia del COVID.

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