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El Concello de Vigo licitará el nuevo contrato del bus urbano este lunes por 470 millones de euros

La concesión a Vitrasa caducó en junio tras una prórroga de cinco años

El anuncio previo del mismo salió en abril, pero aún no se han dado a conocer los pliegos

Abel Caballero ante un nuevo autobús de Vitrasa en el mes de septiembre

Abel Caballero ante un nuevo autobús de Vitrasa en el mes de septiembre / Alba Villar

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Una vez más, Vigo vive un intenso final de año a nivel político. Si el 28 de diciembre de 2023 el pleno municipal aprobaba de forma provisional el nuevo Plan Xeral de la ciudad, en esta ocasión será el contrato más cuantioso de la historia de la urbe el que será validado por la administración. El Concello de Vigo ha programado una Xunta de Goberno Local extraordinaria para este lunes 29 en la que aprobará, por fin, el Expediente 4537/449 relativo al «Servizo de transporte urbano de viaxeiros en autobús da cidade de Vigo». O dicho de otra forma: la nueva concesión del autobús urbano.

Este trámite permitirá sustituir la actual concesión a Vitrasa vigente desde hace 31 años y caducada ya en dos ocasiones. La primera de ellas fue en junio de 2020, pero la pandemia obligó a prolongarla durante un lustro ante una situación excepcional. Pese a este tiempo añadido para redactar un estudio de movilidad y actualizar las condiciones de explotación, en mayo el Concello tuvo que añadir una nueva prórroga de dos años para garantizar el transporte urbano «en los mismos términos y condiciones que el contrato actual», tal y como explicó Abel Caballero.

Condiciones del contrato ya conocidas

La cita de este lunes a las 13 horas permitirá dar a conocer los pliegos de un contrato que ascenderá a 468 millones de euros en su fase de licitación, lo que supone un coste anual de 45 millones de euros. A pesar de que el 8 de abril se lanzó el anuncio previo en el Portal de Contratación, el gobierno local no ha dado ninguna pista ni plazo para activar la licitación del mismo.

El contrato establece la obligatoriedad de acometer inversiones por un importe que la memoria económica estima en más de 69 millones de euros, inversiones que, en todo caso, no son susceptibles de ser empleados en el resto de la actividad productiva del contratista.

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