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Tres hoyos de golf, tres años de cárcel: las «obras prohibidas» que pueden costarle muy caro al presidente de los comuneros de Cabral

Pretendía ganar tres hoyos más para el campo de golf del AeroClub de Vigo

Terrenos del campo de golf del AeroClub de Vigo. | P. HERNÁNDEZ

Terrenos del campo de golf del AeroClub de Vigo. | P. HERNÁNDEZ

El presidente de la Comunidad de Montes de Cabral y dos trabajadores se enfrentan a 3 años de prisión por realizar sin permisos ni licencia obras en terrenos protegidos con el objeto de reponer los tres hoyos que el campo de golf del Aeroclub de Vigo –asentado en terrenos comunales– había perdido a consecuencia de la ampliación de la pista del aeropuerto de Peinador. La Fiscalía le atribuye presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio y solicita que indemnicen de forma conjunta a Patrimonio Natural en más de 100.000 euros por los daños causados en el monte.

Los hechos se remontan a mediados de 2023. A consecuencia de la ampliación de Peinador, el campo de golf del Aeroclub pasó de los 9 hoyos a 6. Para paliar esta situación, siempre según se recoge en el escrito provisional de la Fiscalía, el presidente de los comuneros contactó con otro de los acusados, «colaborador» en dicha comunidad de montes, para la «adquisición de terrenos y realización material de las obras en cuestión».

Así, la representación de la Comunidad de Montes pidió la solicitud de dichas obras, autorización que fue rechazada primero por el Servicio de Patrimonio Natural y también por el propio Ayuntamiento de Vigo, al señalar que los terrenos sobre los que se planteaban las obras están clasificados como «no urbanizable de especial protección de ríos y junqueras», por lo que se trataba de «obras prohibidas».

Pese a la falta de licencia, los tres acusados iniciaron obras en el cauce del río Lagares, «alterando» su morfología natural, «eliminando los meandros y cortando la comunicación de las aguas del humedal con el cauce original, además de la tala de arbolado y desbroce de maleza en el corredor fluvial y su bosque de galería».

Al comprobar el Seprona que las obras carecían de «autorización alguna», ordenaron paralizar las obras. Pese a sus advertencias, los trabajos en el cauce y zona adyacente «no se detuvieron». Estas obras alteraron «significativamente» el curso fluvial.

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