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La «Audasa portuguesa» gana un pleito contra el gobierno de más de 70 millones de euros

El conflicto, derivado de las medidas restrictivas a la movilidad para contener el covid, irá al Constitucional

Tramo de la autopista portuguesa A8

Tramo de la autopista portuguesa A8 / AEA

Lara Graña

Lara Graña

Vigo

El régimen de concesiones es, sobre todo en las de infraestructuras por carretera, extraordinariamente garantista para las empresas privadas. Un ejemplo es el de Autopistas del Atlántico (Audasa), concesionaria de la AP-9, blindada con múltiples reales decretos que blindan su sistema de ingresos y con un sistema que protege en todo caso su «equilibrio económico y financiero».

En el año 2020 la inédita --en la era moderna-- pandemia mundial del coronavirus derivó en la imposición de medidas restrictivas a la movilidad para contener los contagios, especialmente antes de la distribución de las vacunas. Se notó, sin duda, en los tráficos: Audasa redujo su intensidad media diaria de vehículos en casi un 30%, por ejemplo. La empresa, ahora en manos de dos fondos de Países Bajos (APG) y Suiza (Swiss Life) llevó al Gobierno a los tribunales al entender que aquellas medidas de confinamiento mellaron sus cuentas. Pidió más de 46 millones de euros de indemnización, una petición denegada finalmente por el Tribunal Supremo.

Pero hay una compañía que ha tenido más suerte: Autoestradas do Atlântico (AEA). La empresa propietaria, el fondo de inversión canadiense PSP Investments, acaba de ganar un pleito de más de 70 millones contra el Estado portugués. Según informa Jornal de Negócios, ha sido un laudo arbitral el que ha dado la razón a la compañía, que reclamaba en concreto 70,5 millones de euros. En su caso, Lisboa decretó en 2020 que, debido al impacto del covid, quedaba suspendida durante un mes su obligación de «restablecimiento del equilibrio financiero» de la concesionaria, una decisión que la empresa considera inconstitucional.

Tanto el Ministerio Público como el propio Ejecutivo que preside Luís Montenegro, a través del Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), llevarán el caso al Tribunal Constitucional.

Autoestradas do Atlântico es la concesionaria de las autopistas A8 y A15: la primera es la que une Oporto con Lisboa; la segunda, Caldas da Rainha con Santarem.

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