Los jueces instan a los bancos a ser mas «diligentes» para poner freno a los ciberfraudes

Con el Tribunal Supremo a la cabeza, las sentencias que obligan a las entidades bancarias a asumir su responsabilidad en casos de fraudes digitales se acumulan. Los jueces no solo están fallando a favor de que restituyan el dinero sustraído por los delincuentes, sino que van más allá y han empezado a condenar también a los bancos a indemnizar a sus clientes por daño moral cuando se acredite que no desplegaron todas las cautelas para evitar la consumación de la estafa. Una reciente sentencia de un juzgado de Vigo es un claro ejemplo: condena a Openbank a indemnizar con 1.900 euros a un hombre por la angustia que sufrió al verse como investigado en una causa judicial después de que unos estafadores abriesen una cuenta bancaria a su nombre para delinquir.

La ciberdelincuencia no tiene freno. Entre los delitos telemáticos las estafas son las que están claramente a la cabeza. En el último balance de criminalidad hecho público por el Ministerio del Interior, el relativo a los primeros nueve meses de este 2025, se refleja que entre enero y septiembre se presentaron en Vigo un total de 2.231 denuncias por este tipo de fraudes: ya representan el 25% de toda la criminalidad que se produce en la ciudad y suponen una media de ocho diarias. Dentro de estos fraudes, los bancarios son los más numerosos. El «phishing», el «smishing» o el «vishing» son algunas de las principales modalidades.

Cuando hay una estafa bancaria, junto a la investigación penal para tratar de dar con los delincuentes (una labor complicada porque gran parte de estos fraudes son orquestados por organizaciones internacionales), el banco debe asumir, en este caso en el ámbito judicial civil, su responsabilidad por las pérdidas económicas sufridas por los consumidores salvo que acredite que dicho cliente actuó de manera fraudulenta o incurrió en una negligencia grave que facilitó la labor de los ciberdelincuentes. En resumen, judicialmente hablando se ha venido a reforzar la protección de los usuarios de servicios de pago frente a estos fraudes y, de paso, se está exigiendo a los bancos que extremen la diligencia y mejoren sus sistemas de seguridad para frenar las estafas.

Más de un año investigado en un proceso penal

Una reciente sentencia dictada en Vigo advierte sobre esta necesidad de que los bancos sean «exigentes» a la hora de extremar las «cautelas». La resolución, que ya es firme, fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vigo. El magistrado acoge totalmente la demanda civil presentada por el afectado y condena a Openbank a indemnizarle con 1.900 euros por daño moral ya que estuvo como investigado en una causa penal por estafa en un juzgado de Instrucción de Santander, de donde era la víctima, por unos hechos que no había cometido y que se precipitaron porque en dicho banco se abrió una cuenta a su nombre, cuando él no había solicitado en ningún momento dicha apertura.

Pese a ser totalmente inocente, esto hombre, funcionario judicial de profesión, estuvo más de un año en esa condición de investigado, desde el 11 de enero de 2021 hasta que el 4 de febrero de 2022 se archivó la causa contra él al exenorársele de toda responsabilidad. Lo que habían hecho los estafadores fue abrir una cuenta a su nombre, para lo que usaron una copia en blanco y negro de su DNI, y transferir a la misma dos ingresos de 4.980 euros, dinero que habían defraudado a la persona que presentó la denuncia que dio lugar al procedimiento penal en Santander.

Sentimiento de angustia y vergüenza

El afectado por esta suplantación de identidad presentó una demanda contra el banco en reclamación de una indemnización por daño moral por no haber tenido «ni la más mínima diligencia» a la hora de identificar a la persona que contrató la cuenta a su nombre, pese aque dicho suplantador usó para ello una copia incompleta de su DNI en la que a mayores no coincidía ni la dirección ni la firma. Lo que alegó es que estar como investigado judicial le provocó una situación de angustia, a lo que se une que por su condición de funcionario judicial también se vio invadido por la «preocupación y la vergüenza» de que sus compañeros de trabajo y superiores se enterasen de la situación.

El banco negó negligencia alguna en la apertura de la cuenta bancaria al sostener que en el proceso de identificación tuvo en cuenta todas las cautelas y prevenciones que al respecto le vienen impuestas por la normativa de prevención de blanqueo de capitales.  Pero el juez no comparte estos alegatos. Tras señalar en varios pasajes de la sentencia el hecho de que los casos de suplantación de identidad para abrir cuentas bancarias destinadas a estafas se han convertido en una «práctica lamentablemente habitual», indica que por este motivo «tanto más exigentes deberían ser las cautelas a observar por la entidad financiera con vistas a la identificación de un futuro cliente».

El magistrado llega a razonar también que en el modus operandi de la suplantación utilizada en este caso, que el fraude no se complete y se llegue a materializar dependerá, «en buena medida», de la «prevención y anticipación de entidades como la demandada», mediante la disposición de las «necesarias garantías que aseguren la inequívoca identificación de sus futuros clientes».

Por todo ello, concluye que el daño moral sufrido por este hombre por la situación judicial vivida debe ser indemnizado. Porque es «comprensible», afirma el magistrado vigués, que tuviese sentimientos de preocupación, inquietud e incluso ansiedad durante el largo período de un año en que estuvo imputado y hasta que la causa judicial por la ciberestafa se archivó al demostrarse que era inocente.

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