El Gobierno libera de peaje la AP-7 en Alicante, cuya concesión finalizaba ocho años antes que la de la AP-9

Pan para unos y hambre para otros. La Autopista del Atlántico que vertebra Galicia de norte a sur cuenta las semanas para una nueva subida en sus peajes que rondará el 5%, la primera desde que la Comisión Europea emitiese su segundo dictamen considerando ilegal la prórroga de su concesión por parte del Gobierno de Aznar hasta el 2048. Pero mientras demora el «rescate» de la misma y apunta a la vía judicial, el Ejecutivo actual continúa suprimiendo tramos de pago en el resto de la Red de Carreteras del Estado.

El Consejo de Ministros autorizó ayer hoy la liberación definitiva del peaje de la AP-7-Circunvalación de Alicante, tras comprobar la efectividad del periodo de prueba de gratuidad de la vía establecido en julio de 2024. De este modo, la autopista se configura con carácter permanente como una alternativa libre para descongestionar el tráfico de la autovía A-70, especialmente el de largo recorrido. Precisamente a este último punto ha hecho referencia el ministro de Transportes. Óscar Puente, quien ha señalado que la medida mejora la fluidez del tráfico a lo largo del recorrido de la A-70, al tiempo que favorece la conexión entre las comarcas alicantinas. De esta forma se convierte en realidad una larga reivindicación de los conductores, tanto del propio Alicante como de los de paso.

Así, este tramo de la AP-7 pasa de estar a cargo de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) a ser una vía libre de peaje gestionada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Mientras tanto, durante un periodo transitorio, SEITT continuará responsabilizándose de la explotación y conservación mientras la DGC realiza las actuaciones preparatorias para poder asumir la gestión y conservación de la autopista.

Prueba piloto desde julio de 2024

Los usuarios de la AP-7-Circunvalación de Alicante gozaban hasta ahora de una bonificación del 100% en todos sus recorridos, en virtud de una prueba piloto iniciada en julio de 2024 para comprobar si su uso resultaría seguro, cómodo y eficaz como alternativa a la autovía A-70, que estaba al borde de su capacidad máxima.

De los análisis realizados por la Dirección General de Carreteras durante los meses en los que estuvo aplicándose la bonificación temporal, se concluyó que los «indudables beneficios socioeconómicos y ambientales» derivados de la citada bonificación, así como los ahorros en términos de inversión para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aconsejaban por razones de interés general, liberar definitivamente de peaje la autopista Circunvalación de Alicante.

Para ello, el citado Ministerio, liderado por Óscar Puente, consideró necesario impulsar los trámites administrativos precisos tendentes a que la liberación del peaje se lleve a cabo por los órganos competentes e impulsar la adaptación del vigente convenio que regula el régimen de gestión actual de la autopista.

En consecuencia, con el objeto de contar con un plazo suficiente para modificar dicho régimen de gestión de la autopista, y de no interrumpir los beneficios sociales y ambientales derivados de la gratuidad para el usuario de la autopista, la medida, prevista inicialmente para cuatro meses, se prorrogó en dos ocasiones, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y tenía vigencia hasta el 15 de febrero de 2026.

Diferencia en los periodos de concesión

Esto supone una exención del pago por circulación durante más de la mitad de la concesión prevista para estos 28,5 kilómetros en Alicante. Inaugurada en octubre de 2007, la fecha final mínima de la concesión era el 22 de febrero de 2040, aunque la legislación recogía que podía ser ampliada en dos años más. En contraste la Autopista del Atlántico ha sufrido tres prórrogas para extender su concesión desde los 39 años -seis más del máximo- previstos por la dictadura en 1973 hasta los 55 actuales.

La primera llegó el 23 de septiembre de 1979 a cargo del gobierno de UCD, ampliando del 19 de agosto de 2012 al 20 de noviembre de 2013 en una época en la que aún no estaban ni siquiera conectados los distintos tramos de la infraestructura.

La segunda llegó con Josep Borrel como ministro de Obras Públicas el 5 de agosto de 1994. En aquel decreto se decretó la gratuidad de tramos urbanos como el Rande-Puxeiros al tiempo que ampliaba en otra década más, hasta el 18 de agosto de 2023, la concesión del vial.

La tercera y última es la más polémica ya que es la que provoca que a día de hoy más de 25.000 vehículos sigan pagando por un vial ya amortizado. El 4 de febrero del 2000 el ministro Rafael Arias Salgado añadía un cuarto de siglo más hasta alcanzar el 18 de agosto del 2048 como nuevo final para las cabinas de peaje. Antes de que terminara la legislatura el mismo Gobierno -con Álvarez Cascos como ministro- vendería la Empresa Nacional de Autopistas a un consorcio privado. Tal y como constató la Comisión Europea, dicho periodo ya estaba en marcha cuando se amplió la concesión y tenía como fin aumentar el valor de la misma ante la inminente venta.

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