La reforma de un edificio que dejó a Isabel sin pared en su vivienda

El 3 de octubre de 2024 un amplio operativo de la Policía Local y de los bomberos se desplegó ante un edificio de la calle Elduayen de Vigo. Las obras de rehabilitación que se estaban realizando en ese inmueble ubicado en el número 53, para dedicarlo a pisos de alquiler turístico, habían dejado a la única inquilina que seguía en su interior sin la pared del salón y de uno de los dormitorios. Lo único que separaba a esas estancias de los andamios de obra y en definitiva de la calle era una lámina de plástico transparente. La mujer, Isabel, acabó aquel día desalojada por el riesgo de derrumbe. Y ya no pudo volver, al menos hasta el momento porque eso es objeto de un litigio civil, a la que ha sido su vivienda desde hace más de dos décadas. Ahora, tras un recorrido judicial de algo más de un año, este caso pronto llegará a juicio en la vía penal. El juzgado de Instrucción que asumió la causa archivó inicialmente el procedimiento al no apreciar la existencia de «moobing inmobiliario». La Audiencia, ahora, revoca esa decisión y ordena continuar con las diligencias: aunque coincide en que «no existió acoso», sino a ojos de los magistrados «una pretensión de desalojo temporal que fue objeto de negociación y diálogo», la forma de proceder de la nueva propiedad de este edificio sí podría constituir, concluyen, un delito leve de coacciones.

Este procedimiento se tramita en el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, que a raíz del reciente auto de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acordando que se siga adelante con la causa acaba de registrar como juicio por delito leve el caso, que ahora solo está pendiente de que se ponga fecha a la vista oral. La denunciante es esa inquilina que acabó aquel día en la calle, una mujer de 57 años que tenía un contrato de renta antigua con los antiguos dueños del edificio y que, según expone su abogado en la denuncia que dio inicio a la causa, vive sola con el único ingreso de la RISGA, en situación de vulnerabilidad y con un deterioro cognitivo «que se ha visto agravado por el estrés y la ansiedad» sufrida por la conducta de sus arrendadores.

El juez instructor sobreseyó inicialmente el asunto. A juicio del magistrado, la situación denunciada no parecía obedecer a una premeditada estrategia de acoso inmobiliario, sino a unas «necesarias obras» en la fachada del edificio con la correspondiente licencia municipal, «constando también que los responsables de la propiedad de la obra ofrecieron alternativas habitacionales a la mujer con anterioridad al inicio de la obra».

«Ella perdió todas sus pertenencias»

La perjudicada, a través de su letrado Abraham Tenoira, recurrió en apelación. El abogado insistió en la existencia de una situación de «moobing inmobiliario», haciendo hincapié en los acontecimientos del 3 de octubre, cuando policías locales y bomberos «ordenaron el desalojo inmediato» de la mujer debido a las «graves deficiencias estructurales en el edificio» ante la falta de fachada en el salón y un dormitorio «así como por amenazar de colapso el techo de la propia vivienda». «Ella perdió todas sus pertenencias», agrega, ya que el edificio fue precintado, y se vio abocada a vivir en un hostal «que no puede pagar» dada la escasez de recursos económicos que tiene. Sobre las alternativas habitacionales que le dieron los dueños del edificio, alegó que no fueron tal, sino que lo que le ofrecieron es que siguiera pagando la vivienda de Elduayen y, mientras durasen las obras, se expone en el escrito, que abonara otro alquiler provisional a mayores.

La Audiencia acoge a medias los argumentos plasmados en el recurso. Comparte el criterio del juez instructor de que «las pretensiones de la propiedad se circunscribían al desalojo de la inquilina mientras durasen las obras de arreglo de la fachada», ofreciéndole para ello diversas soluciones. «No existió por tanto esa situación de acoso, sino una pretensión de desalojo temporal que fue objeto de negociación y diálogo, en unas condiciones no determinadas pero que excluyen el delito grave de coacciones en los términos previstos en el artículo 172.1 del Código Penal», argumentan los magistrados. Ese artículo es el que castiga las coacciones severas ejercidas para «impedir el legítimo disfrute de la vivienda».

Pero la actuación de la propiedad, al realizar las obras en los términos que se señalan en la denuncia, «donde las precauciones adoptadas podían ser criticables», sí podrían constituir un delito leve de coacciones de ese mismo artículo del texto legal, el 172, pero las que se recogen en el punto 3, que es el precepto castigado con una multa económica que más se está aplicando para casos en los que los caseros proceden a realizar algún tipo de acción (corte del agua o del suministro eléctrico como ha ocurrido en otros casos que llegaron a juicio en Vigo) con el fin de echar a la calle a sus inquilinos.

«Vulnerabilidad social y económica»

La Sección Quinta no ve otros hipotéticos responsables penales en este caso ni ninguno de los otros delitos que plantea la denunciante, que citaba más ilícitos como los de daños, apropiación indebida o contra la integridad moral. Sobre este último, rechaza su existencia porque la afectada «prefirió quedarse en la vivienda mientras durasen las obras». La situación de Isabel no era fácil y se agravó a raíz de estos hechos. Un informe del Concello realizado tras el desalojo señala que sufre «una vulnerabilidad social y económica cronificada en el tiempo», a lo que se unen sus problemas de salud. «Encontrándose en la actualidad sin vivienda, pertenencias y enseres básicos e inmersa en una situación de riesgo de exclusión social», zanjaba aquel informe de octubre de 2024.

Junto a la causa penal, también hay otro procedimiento abierto en la vía civil por la demanda de desahucio de los propietarios del edificio con respecto a esta vecina de Vigo, que se opone haciendo valer su alquiler de renta antigua firmado con los antiguos dueños, por lo que lucha judicialmente para volver al piso del que se tuvo que ir con lo puesto aquel día de octubre de 2024. A día de hoy sigue malviviendo en un hostal y aún no pudo regresar a su domicilio.

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