Primeras batallas legales del nuevo PXOM de Vigo: más de 70 recursos presentados

La aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo el pasado 26 de mayo ha derivado, como es habitual en un expediente de estas características, en una catarata de alegaciones de particulares en defensa de sus intereses. Tal y como establece la Lei do Solo de Galicia, cualquier persona disponía de un plazo de dos meses para presentar un recurso judicial ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y, según trasladó la concejala de Urbanismo, María José Caride, a la oposición en una reunión de la Gerencia de Urbanismo, han sido 76 los recursos presentados ante el Alto Tribunal gallego.

En las últimas semanas, tanto el Boletín Oficial de la Provincia como el Diario Oficial de Galicia han ido publicando anuncios prácticamente a diario emitidos por la Gerencia Municipal de Urbanismo para poner en conocimiento de la ciudadanía interesada en los procedimientos para que se pueda personar en la causa.

Asimismo, el Concello, en contestación a la sala del TSXG, señala que ha acordado remitir el expediente administrativo, con el objetivo de continuar con el procedimiento habitual en este tipo de situaciones.

La cascada de recursos judiciales contra el PXOM, en vigor desde finales de agosto, no preocupa al gobierno municipal, como manifestó en su momento la edil de Urbanismo cuando trascendieron las primeras impugnaciones. María José Caride ha defendido en todo momento que Vigo cuenta con un documento «robusto y que ha seguido toda la tramitación adecuada, por lo que es perfectamente legal». Asimismo, defendió el ejercicio de transparencia en todo momento con la publicación de los edictos «en defensa de la ciudad y del interés general».

No opinan lo mismo los portavoces de la oposición, ya que tanto PP como BNG coinciden en que el gobierno local ha manejado la tramitación del PXOM con «opacidad» al retrasar la contestación de las alegaciones. Para ambas formaciones, puede significar un revés en el futuro en forma de anulación del planeamiento urbanístico, tal y como sucedió con el anterior, que se tumbó definitivamente hace una década y condicionó el desarrollo urbanístico durante los años siguientes.

Para dotarse de los máximos medios posibles para defender la vigencia del PXOM, el Concello ha decidido además contratar (está ya en fase de licitación) un servicio de asesoramiento jurídico para los próximos cuatro años al que destinará cerca de 600.000 euros. La empresa elegida está pensada para complementar a los servicios municipales exclusivamente en los recursos que afecten al Plan Xeral, con la misión de elaborar informes sobre las acciones más pertinentes en cada caso, examinar la viabilidad de los movimientos judiciales, asumir la representación del Concello en determinados temas que no requieran procurador. La minuta que percibirá la compañía elegida oscilará en función de la complejidad de los temas que se diriman en los juzgados, recogen los pliegos del concurso.

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