Condenados cinco menores por la paliza grupal a un adolescente en A Laxe

«Ahora corre maricón, te voy a reventar». Esta es la intimidante frase que un adolescente de 14 años escuchó instantes antes de que fuese víctima de una paliza grupal avanzada la tarde del 23 de noviembre de 2024 en el entorno del centro comercial A Laxe de Vigo. Esa agresión que en su día tuvo un gran eco mediático inició entonces un recorrido judicial que acaba de escribir su último capítulo. Lo hace con una sentencia que condena a cinco de los menores que, junto a otros jóvenes que no pudieron ser identificados, intervinieron en dicho ataque. Un acuerdo entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa es el germen de la resolución ya firme que impone a estos agresores medidas de libertad vigilada que incluyen la obligación de realizar programas de índole educativa y social, el alejamiento con respecto a la víctima y la obligación de indemnizarla con 3.500 euros, cantidad de la que deben de responder los cinco y solidariamente con ellos sus padres, al igual que con otros 835 euros de los que es beneficiario el Sergas por la gastos sanitarios de la asistencia médica al herido.

El principal expedientado es un joven de 15 años al que ya se le incoaron más causas en la Fiscalía de Menores y que fue detenido este pasado verano por la presunta agresión sexual grupal a una adolescente durante las fiestas de Fragoselo (Coruxo). Como autor de un delito de lesiones se le impone un año de libertad vigilada con la obligación de participar en programas de comportamiento prosociales, de educación en valores y en un taller de formación prelaboral.

Las medidas impuestas son programas de índole educativa o la obligación de ir al instituto con un buen comportamiento

Por el mismo ilícito penal son sentenciados los otro cuatro menores, que, con entre 7 y 11 meses de libertad vigilada, también deberán asistir a distintos programas educativos –de resolución de conflictos sin violencia o de autocontrol y gestión emocional, entre otros–. En el caso de algunos de ellos el fallo incluye asimismo «la obligación de asistencia a las clases del instituto con buen comportamiento». Hay un sexto menor condenado, en este caso por un delito de amenazas. Del mismo grupo de amigos que los anteriores, intimidó a la víctima en diversas ocasiones diciéndole frases como que «lo iba a matar y a reventar» tanto cuando se encontraba con él como por redes sociales.

Acorralado

La sentencia de conformidad la dictó el Juzgado de Menores de Pontevedra, que, en el apartado de hechos probados, recoge lo ocurrido aquella tarde de noviembre de 2024 tras ser «reconocido expresamente» por los expedientados.

Todo sucedió en torno a las 19.10 horas, cuando los cinco adolescentes que junto a otros más participaron en la paliza se toparon con la víctima, que iba acompañada por dos amigos, en la zona del centro comercial A Laxe. Al percatarse de su presencia y, debido a las rencillas previas que tenían entre ellos, el grupo se acercó a él de forma intimidatoria. Ante la frase amenazante proferida por el cabecilla de todos ellos, el joven, «al verse acorralado», salió corriendo intentando huir, si bien se le cayó el teléfono móvil al suelo y regresó a buscarlo, «momento que aprovecharon» los ahora sentenciados para abalanzarse sobre él, «propinándole patadas y puñetazos». Uno de ellos agarró el teléfono de la víctima que seguía en el suelo y se lo lanzó con fuerza, impactándole el terminal en la cara.

Puntos de sutura

Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió lesiones que necesitaron de asistencia médica y de tratamiento quirúrgico con sutura. De forma previa a esta sentencia y durante la investigación judicial del caso algunos de los menores expedientados ya tuvieron medidas cautelares encaminadas a proteger a la víctima y evitar que se repitiesen episodios similares por tratarse de un grupo que «recurre de forma habitual a la violencia como método de solución de conflictos».

La jueza recuerda en la sentencia que en las medidas de reforma impuestas en la jurisdicción de Menores prima, junto a otras cuestiones, «la necesidad de conseguir a través de ellas la resocialización de los menores mediante una intervención educativa de especial intensidad que va dirigida precisamente a incidir en aquellos aspectos de la personalidad y entorno del menor que se han revelado como condicionantes de la comisión del delito».

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