Vecinos piden el desalojo de las viviendas públicas de Navia usadas como narcopisos

La pesadilla de los vecinos del bloque de viviendas públicas 15-17 de la calle Teixugueiras, en Navia, parece estar muy lejos de acabar. Tal y como informó FARO hace unas semanas, hay al menos cuatro pisos que se utilizan para la venta de droga durante todo el día. Los residentes de esas comunidad aseguran además que el trajín constante de consumidores que entran para comprar estupefacientes está provocando situaciones de inseguridad, deterioro de la convivencia, ruidos y episodios de riesgo para las familias que viven allí.

La situación ha llegado a tal punto que la comunidad de propietarios ha elevado un escrito ante el Parlamento de Galicia a la atención del Partido Popular para que el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) active de forma inmediata los mecanismos legales para rescindir los contratos de las viviendas «donde se realizan actividades ilícitas y proceder así a su recuperación». Es decir, revocar la adjudicación al propietario y proceder al desalojo, ya que esas viviendas son de protección autonómica y el IGVS es el titular del edificio. Concretamente, defienden la necesidad de que se actúe con la misma diligencia que en la narcocasa de Cabral, donde el PP llevó su situación hasta el Congreso de los Diputados.

Los vecinos aseguran que desde hace más de seis años viene denunciando reiteradamente estos hechos ante diversas administraciones presentando escritos, solicitudes y demandas de actuación, sino que hasta la fecha se hayan adoptado medidas eficaces. Es decir, se quejan de que la administración no esté tomando medidas para poner fin a esas viviendas de protección oficial que se están utilizando como narcopisos.

«Hemos presentado dos escritos previos ante el Parlamento de Galicia, dirigidos al grupo parlamentario del Partido Popular, solicitando únicamente una reunión formal para exponer la gravedad del problema, sin haber recibido respuesta alguna», lamenta en el escrito Miguel Hernández, de la comunidad de propietario safectada.

En el documento recuerdan que según el decreto 1/2020 y demás normativa en relación al IGVS, la Xunta deberá garantizar que las viviendas de titularidad pública no sean utilizadas para actividades ilegales y puede rescindir contratos, desalojar y emprender acciones administrativas y judiciales. También puede resolver el contrato, tal y como indica el Código Civil, cuando el arrendatario destine la vivienda a acciones ilícitas que perjudiquen la convivencia.

Precisamente, hace apenas dos años la Xunta llevó a cabo obras de mejora en el bloque de viviendas 15-17 de la calle Teixugueiras, que pertenece al IGVS y donde se ubican esos cuatro narcopisos. En concreto, los trabajos consistieron en la reparación de parte de las juntas de sellado deterioradas, entre los paneles que componen la fachada del edificios. También se repararon algunas de las juntas que sirven de aislamiento en las carpinterías de las ventanas, previa retirada del material que esté en mal estado por el paso del tiempo.

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