El Gobierno ultima el proyecto de la senda pública de Toralla

La redacción del conocido como «proyecto de redacción del tránsito en la isla de Toralla» entra en su recta final. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica confirman a FARO que se están ultimando los detalles y que «lo previsto es que salga a información pública a finales de este mismo mes de noviembre o a principios de diciembre». Es decir, antes de que acabe este año 2025 se abrirá el plazo para la presentación de alegaciones que, en caso de este proyecto concreto, es una de las fases más esperadas.

Y es que se espera que los residentes en esta isla todavía privada presenten numerosas alegaciones a esta actuación impulsada por el Gobierno de España, pues la gran mayoría apuesta por mantener esa exclusividad. Es más, según fuentes cercanas a la comunidad de propietarios de la urbanización de Toralla, muchos de ellos no creen que el proyecto vaya a salir adelante. Tampoco las inmobiliarias que gestionan propiedades en Toralla prevén que vaya a acabar fructificando.

Pero el Gobierno, de momento, mantiene su hoja de ruta para acabar con la privacidad de esa isla. El camino público proyectado tendrá más de un kilómetro y medio de longitud y su ancho no podrá ser inferior a los 6 metros. Es la propia legislación de Costas la que delimita esta magnitud: «Establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar». Esta franja, además, «deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos».

De modo que, no pudiendo ganar terreno al mar para trazar este camino público, propietarios de parcelas en Toralla deberán ceder parte de las mismas sin ningún tipo de compensación, como han concretado a este periódico fuentes jurídicas. Es decir, propietarios de los chalés tendrán que renunciar a ellos sin posibilidad de respuesta para que se ejecute ese camino público que permitirá a cualquier persona acceder a la isla de Toralla sin necesidad de ser residente. Actualmente, solo se puede visitar la playa.

Antes de que se abra ese intenso período de alegaciones, los residentes de Toralla ya han ido tomando medidas para protegerse en caso de que finalmente la isla se abra a la ciudadanía. Y es que la comunidad de propietarios de la urbanización, tal y como informó recientemente FARO, ha prohibido los pisos de uso turístico para evitar problemas de convivencia y que no haya un trajín constante de visitantes a diario. Pero esta medida no es retroactiva, es decir, los que alquilaban sus pisos a veraneantes podrán seguir haciéndolo, pero el acuerdo especifica que solo en meses como julio o agosto.

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