Cinco entidades de Vigo piden al Concello que solicite la limitación al alquiler

El metro cuadrado de las viviendas disponibles en alquiler rozó los 11 euros de media en octubre, su máximo histórico, un 16% más que dos años atrás. El incremento de 20 céntimos con respecto a septiembre hizo que volviera a tocar su techo, ya registrado en junio, y puso fin a tres meses de respiro en los que el precio se mantuvo por debajo de este tope: 10,8, 10,6 y 10,7 euros el m2 en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Casi tres meses después de la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), llamado a aliviar esta situación para los inquilinos, nada ha cambiado. Es por ello que cinco entidades con sede en la ciudad han decidido tomar cartas en el asunto: han remitido una misiva al alcalde, Abel Caballero, para reclamarle la limitación de precios de los arrendamientos.

Son el Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño, Amnistía Internacional, Ecoloxistas en Acción, Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde y la Parroquia do Cristo da Vitoria, que también exigen responsabilidades al gobierno gallego en materia de vivienda. Entre las propuestas trasladadas al gobierno local, destaca la de «solicitar decontado á Xunta a aplicación de control de prezos do alugueiro previsto na Lei de Vivenda», mecanismo que ya está en marcha en A Coruña y ya ha sido solicitado por el Concello de Santiago, amparados en el marco normativo estatal.

También proponen que el Ayuntamiento olívico reclame a la Sareb los terrenos y viviendas transferidos y a la Xunta las viviendas de titularidad pública, «como as antigas casas dos funcionarios na avenida de Madrid e de mestres de colexios públicos para incorporalos ao parque público de vivenda social».

Piden, además, la «elaboración dun plan plurianual con perspectiva de xénero e que garanta a non discriminación da poboación para dispor en catro anos de 3.300 vivendas sociais e acadar así o 15% de vivenda social do parque total das 22.000 vivendas baleiras de Vigo, segundo os datos do INE de 2021, tanto en compra como intermediación de alugueiro».

También creen necesario «destinar polo menos 400.000 euros para que 60 familias se poidan beneficiar» del programa municipal de intermediación del alquiler y 9 millones de euros para comprar 50 viviendas, así como aumentar el presupuesto de ayudas de emergencia y de rehabilitación para «mobilizar vivendas cara ao mercado do alugueiro» y poner en marcha un programa contra desahucios para garantizar una alternativa habitacional pública adecuada a los afectados. Para ello, sugieren la contratación de personal suficiente en Urbanismo y Política Social.