El crimen de Judith cumple dos años con un final judicial incierto

En la última década hubo tres crímenes en el área de Vigo que trajeron especialmente de cabeza al Área de Delitos contra las Personas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra. El apuñalamiento al joven Soufian Mraha el 8 de junio de 2019 en Salceda de Caselas derivó en una primera detención errónea y, tras complicadas pesquisas, en la identificación y localización del que supuestamente es el verdadero homicida, un albanés que se ocultó en el Reino Unido y que, tras prosperar la instrucción judicial, espera en prisión provisional la fecha del juicio. El 21 de febrero de 2021 fue hallado un cadáver esqueletizado con golpes en la cabeza en un pozo de Porriño. Las indagaciones no fueron fáciles. Se logró averiguar que el fallecido era el portugués Carlos Alberto Videira y hubo tres investigados, pero la causa acaba de sobreseerse provisionalmente por falta de pruebas. Ahora, otra investigación que no fue fácil, la de la muerte violenta de Judith cuyo cuerpo apareció el 23 de noviembre de 2023 en el polígono porriñés de As Gándaras, afronta un final incierto. Cuando se cumplen dos años, la jueza decidirá de forma inminente si sigue adelante o el caso deriva también en archivo.

Judith Muñoz González tenía 37 años y su situación era de gran vulnerabilidad. Vivía en una maltrecha casa abandonada en Vigo y se había visto abocada a la prostitución. A esta mujer, que tenía una hija adolescente que vivía con su abuela, la mataron la madrugada de un sábado a domingo, la del 19 de noviembre de 2023. Su teléfono móvil se apagó a las 06.04 horas. Esa noche había ido a ejercer a O Berbés. Sufrió un crimen por asfixia, como evidenció el trapo localizado en su boca cuando se produjo el hallazgo del cadáver cuatro días después del homicidio. Tras una investigación que fue un auténtico rompecabezas por la maraña de pistas que había en torno al caso, la Guardia Civil detuvo meses después, en abril de 2024, a Casimiro F.M., un hombre hoy de 55 años que era cliente de la víctima y al que la geolocalización de los teléfonos móviles situó junto a ella la madrugada de los hechos.

La decisión inmediata de la jueza instructora fue decretar prisión provisional para él, si bien ya estaba encarcelado dado su historial delictivo que incluía condenas por robos y hurtos junto a denuncias de mujeres que aseguraron haber sido atacadas por este hombre con el fin de robarles o agredirlas sexualmente. Esta circunstancia fue tenida en cuenta en la investigación del crimen de Judith, al considerar los agentes que existía un «modus operandi» revelador de la «peligrosidad» del investigado.

Un giro inesperado

El caso, sin embargo, dio un inesperado giro hace unos meses. El 2 de abril de este 2025 la nueva instructora al cargo del procedimiento decretaba la libertad provisional de Casimiro en el marco de esta causa con las únicas obligaciones de comparecer quincenalmente en sede judicial y comunicar posibles cambios de domicilio. La decisión, del todo excepcional en el marco de una investigación judicial por una muerte violenta, se adoptó a instancia del Ministerio Público. El fiscal argumentó que en su momento se había dictaminado la prisión preventiva «en base a los indicios que apuntaban» contra el sospechoso, «fundamentalmente el posicionamiento de los teléfonos de víctima e investigado juntos la noche de los hechos», pero que desde entonces la investigación de la Guardia Civil había obtenido «escasos frutos» de cara a «reforzar los indicios de responsabilidad criminal» contra el hombre, poniendo como ejemplo de ello el volcado de su teléfono móvil o la inspección de su vehículo, que no arrojaron resultados positivos.

La decisión se adoptó a la espera de la prueba clave del ADN, «que aún podía demorarse en el tiempo», la del cotejo del perfil genético del investigado con las muestras halladas en el cadáver de Judith y en el trapo que tenía en la boca. Pero lo cierto es que desde entonces nada trascendió sobre esta diligencia. La acusación particular pidió este verano que se requiriese de nuevo y con carácter urgente al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, pero el juzgado no ha dado respuesta a esta petición.

Tampoco lo ha hecho a la solicitud de la misma parte de indagar en la extraña actividad registrada en el teléfono de la víctima en junio, transcurrido ya un año y medio desde el crimen, al descubrir la madre que la foto de WhatsApp del número de su hija se actualizó con la imagen de un menor desconocido para la familia. Cabe recordar que el agresor de Judith abandonó su cuerpo llevándose su teléfono móvil y su bolso, efectos que nunca se localizaron.

A la espera de una resolución clave

¿Cómo está ahora la causa? Uno de los últimos movimientos se produjo en agosto, cuando el juzgado pidió a la Fiscalía que, «visto el estado de las presentes actuaciones», informase de cómo proceder. A la espera de conocer el parecer del Ministerio Público, que no trascendió, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informó esta semana de que la causa «está a punto de cerrarse pendiente de que la jueza dicte una resolución». En el segundo aniversario del homicidio, la causa por la muerte violenta de Judith, que llegó a tener otros dos sospechosos que se desecharon, afronta su decisión más importante.

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