Condenado por amenazar a un policía con una motosierra: pagará una indemnización de 8.000 euros

Los casos de amenazas o agresiones a agentes de la autoridad , y concretamente a policías nacionales, policías locales o guardias civiles, forman parte del día a día judicial. Enmarcados dentro de los delitos contra el orden público del Código Penal, son los más númerosos de este grupo que en 2024 dio lugar a 108 procedimientos que llegaron a juicio en los juzgados de lo Penal de Vigo. A la espera de conocer el balance de este 2025, uno de las vistas orales más destacadas ya tiene sentencia condenatoria. Es la impuesta al hombre que, en el verano de 2024 en una intervención en la calle Cantabria, amenazó con una motosierra –que desenfundó, encendió y esgrimió en alto– a un policía nacional. Junto a un año de prisión, debe indemnizar con 8.000 euros a este efectivo, al que también hirió a golpes.

Una patrulla había ido al domicilio por una alerta de presunta violencia de género. El policía al que intimidó con la motosierra, que iba con un agente en prácticas, tuvo que disparar al aire para que el hoy condenado depusiese su actitud. En el momento de la detención el agresor le dio golpes en el pecho que le causaron un traumatismo torácico y tuvo secuelas psíquicas por lo ocurrido. Se da la circunstancia de que la Dirección General de la Policía había desestimado el reconocimiento de estas lesiones como producidas en acto de servicio, por lo que, a raíz de esta condena que tiene fecha de este pasado 6 de noviembre y que fue emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, se volverá a solicitar dicho reconocimiento para que conste en el historial profesional del efectivo.

Acusación ejercida por JUPOL

JUPOL ejerció la acusación particular representado por el abogado Alejandro Vega. Lo está haciendo también en otros casos de agresiones graves, como las derivadas de una intervención en un bar de calle Sagunto en 2024 o en el marco del apuñalamiento a una mujer en Camiño Eixón en junio: el agresor intentó también acuchillar a un policía, pero el chaleco y la defensa extensible le salvaron la vida. El detenido, José Manuel de J.P., Lalo, tiene antecedentes por dos homicidios previos. La Dirección General de la Policía galordonó con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al agente atacado, que afrontó una larga baja laboral a raíz de estos hechos. Otros asuntos que también están judicializados son el de varios agentes antidisturbios vigueses que resultaron heridos en una manifestación por Palestina en Santiago de Compostela o el de un policía también de la comisaría olívica que en la zona de Areal sufrió lesiones oculares a raíz de que lo rociasen en el pelo y la cara con un espray amarillo.

«La legislación debe ser más estricta», reclama Alejandro Cousiño, secretario general de este sindicato policial en Pontevedra, que recuerda que las penas son más graves si se atenta contra «un concejal o un juez» que contra un policía. «La agresión a un agente debe castigarse igual que en esos casos», considera. Junto a las causas penales, remarca que también están reclamando a la Dirección General de la Policía, en vía administrativa y judicial, que indemnice a los agentes en casos, entre otros, en los que los agresores son insolventes o no han podido ser identificados. Una de las reclamaciones de estas características que se encuentra ahora en marcha es la del policía nacional al que se le reconocieron 5.540 euros en sentencia por el caso en el que desarmó y sacó del vehículo a un vigués que en septiembre de 2024 robó un coche a plena luz del día en Vigo con una madre y sus dos niños dentro. El acusado fue condenado a algo más de 16 años de cárcel y a pagar dicha indemnización, pero es insolvente.