La lengua de signos se cuela en los juzgados

Los intérpretes forman parte del día a día judicial. Concretamente en el ámbito penal es habitual que, en diligencias como tomas de declaraciones o en los posteriores juicios, los juzgados requieran de la presencia de estos profesionales para asistir a investigados o víctimas extranjeras que no tienen dominio del español: idiomas como el portugués, el inglés o el rumano, por citar solo algunos ejemplos, son algunos de los que suelen demandar. Más excepcional es tener que recurrir a un intérprete de lengua de signos, aunque a lo largo de los últimos años se han tenido que requerir estos servicios en diversas ocasiones. Ayer fue una de ellas. En el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo se sentó un joven sordo que estaba acusado de agredir sexualmente a una mujer a la que abordó en plena calle y a la que intimidó con una pistola simulada. En su caso, tuvo que ser asistido por dos profesionales, la intérprete que le habían asignado a través del juzgado y una trabajadora social que ya lo conocía a él y a su familia y que ayudó a que el joven comprendiese la condena que finalmente se le impuso, ya que el caso se resolvió con una conformidad.

En el ámbito judicial la Xunta cuenta con un convenio con la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) para dotar de intérpretes en lengua de signos a los juzgados y a la Fiscalía, incluido el servicio de guardia. «Se trata de un servicio de atención permanente operativo todos los días del año que garantiza que siempre haya disponible un intérprete para que pueda acompañar a las personas con discapacidad auditiva que lo requieran en sus gestiones ante los servicios judiciales. Los letrados de la Administración de Justicia tienen a su disposición todas las entidades que colaboran con la Administración de Justicia y el modo de solicitar un profesional», explican fuentes de la Dirección Xeral de Xustiza.

Ayer había una intérprete de lenguaje de signos designada por el juzgado y una mediadora comunicativa que conoce al acusado y su particular modo de comunicarse con signos. Ellas fueron trasladando al joven la condena impuesta: un año de cárcel, dos de libertad vigilada con la obligación de realizar un programo formativo de educación sexual y cinco de alejamiento y de prohibición de comunicarse con la víctima. Se le benefició con una atenuante dado que es sordo y presenta bajo nivel socioeducativo y personalidad inmadura, «lo que implica una merma moderada de sus capacidades intelectivas». Aunque el lenguaje judicial puede ser complejo, los intérpretes de signos cuentan con recursos para hacer la información comprensible para quien comparece ante un tribunal.

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