Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos

Los dueños del colegio Atalaya Cantabria, un centro privado cofinanciado por la Xunta, deberán devolver los 180.000 euros, más intereses, que les prestaron cinco profesores de la entidad con la «condición» de que fueran contratados de forma indefinida. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, considera nulo este contrato al considerar «una imposición ilegal del empresario al trabajador para acceder al puesto de trabajo indefinido».

Los magistrados señalan que los propietarios de la sociedad que gestiona este colegio concertado de Vigo impusieron a los docentes «una conducta abusiva» que infringe varias disposiciones del Estatuto de los Trabajadores. «El empresario únicamente puede exigir del trabajador, tanto para ser contratado como para continuar la relación laboral, el cumplimiento de los deberes relacionados con el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. [...] Al exigir los dueños que los demandantes para ser contratados con carácter indefinido como profesores del colegio les dieran financiación a título gratuito mediante préstamos sin intereses, les estaban imponiendo un deber ajeno al puesto de trabajo», esgrime la Audencia de Vigo.

Intereses de 92.000 euros

Tal y como se recoge en el fallo, fechado a septiembre de 2025 y que ya es firme, los jueces ratifican la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vigo que condenaba a la entidad dueña del colegio a la devolución de los 180.000 euros más los intereses desde la firma del contrato de prestado, que se produjo en 2019 y los profesores cuantificaban en 92.000 euros. Según esta sentencia, el matrimonio dueño del control de los servicios de enseñanza del colegio de Educación Primaria Atalaya-Cantabria, el edificio e instalaciones y también las participaciones sociales «impusieron» a los cinco docentes que aspiraban a una plaza como indefinidos en el centro tras encadenar «sucesivos contratos temporales», entregarles cada uno de ellos un préstamo de 36.000 euros; condición que aceptaron para lograr dicho puesto de trabajo.

Un negocio «no rentable»

Este préstamo se concedió con carácter gratuito y no habría de devolverse mientras los prestamistas, los profesores, siguieran ocupando sus plazas docentes en el Atalaya. El objetivo del colegio con esta solicitud, explica la propia parte demandada y así figura en la sentencia, era la de destinar el préstamo a obras para el colegio, mientras que la intención de los profesores sería la de, en un futuro, entrar a formar parte de la sociedad del colegio. Pero al comprobar los docentes que el «negocio no es rentable», reclaman la devolución de dicho préstamo.

«Lo firmaron con la intención , legítima, de poder llegar a formar parte algún día de la sociedad que explota el colegio; si embargo, tal y como se ha acreditado, tras varias negociaciones y cuando comprueban que el negocio no es rentable, en contra de su voluntad expresada con la firma de los préstamos, pretenden ir contra sus propios actos y reclamar el dinero interponiendo la demanda», explica la representación de los dueños del colegio en el recurso, que ha sido desestimado dando la razón a los profesores.

Y es que la Audiencia no entra siquiera en el fondo del contrato, alegando que la «exigencia» del préstamo seguiría «siendo una imposición ilegal del empresario al trabajador para acceder al puesto de trabajo indefinido».

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