A contrarreloj para moldear la nueva estructura judicial
Mientras crecen las voces que piden aplazar la implantación de la gran reforma, en Vigo se suceden las reuniones de cara a dar forma a los protocolos por los que se regirá el futuro Tribunal de Instancia

Funcionarios en la Ciudad de la Justicia de Vigo / MARTA G. BREA
El 31 de diciembre entrará en vigor el nuevo Tribunal de Instancia de Vigo, que, igual que los que se implanten en el resto de España, conllevará una reorganización de la estructura judicial y una reordenación de las plantillas sin precedentes. Aunque se trabaja a contrarreloj, solo falta un mes y medio y en las últimas semanas ha crecido la preocupación ya que queda mucho por hacer y el margen de tiempo ya es escaso. Galicia está entre las comunidades en que se ha avanzado más, pero las peticiones de un aplazamiento de la puesta en marcha del nuevo modelo judicial empiezan a acumularse. A nivel de Vigo la junta de personal judicial que representa a los funcionarios, y particularmente varios de los sindicatos, piden expresamente esta prórroga. A nivel nacional la han solicitado los letrados de la Administración de Justicia, mientras que un amplio grupo de jueces decanos, entre ellos el de Vigo, han trasladado su «preocupación» por el estado actual de la implantación, avisando de que es «imprescindible» contar con «margen de tiempo suficiente» para asegurar una correcta entrada en vigor que no «ponga en riesgo» la adecuada prestación del servicio judicial a los ciudadanos.
La fase III de los tribunales de instancia afecta a los partidos judiciales con más población y volumen de trabajo del territorio nacional. Vigo es uno de ellos. Sus jueces han empezado a celebrar juntas sectoriales –ya hubo las de Instrucción y Primera Instancia– y la comisión creada a nivel de la provincia de Pontevedra con participación de magistrados y letrados judiciales se está reuniendo semanalmente de cara a elaborar los protocolos que establecerán, entre otras cuestiones, cómo se coordinarán los jueces con la enorme oficina judicial, que en la ciudad olívica integrará, en grandes servicios comunes, a 41 letrados judiciales y 364 funcionarios.
Incertidumbre
«Se está trabajando a contrarreloj y hay incertidumbre sobre si estaremos preparados para el 31 de diciembre. Habrá que ver cómo se avanza estas próximas semanas», afirman varios magistrados consultados. ¿Accederá el Ministerio de Justicia a aplazar la implantación? Para esta pregunta aún no tienen respuesta pero lo que sí remarcan es que, a 31 de diciembre, deben estar garantizados una serie de «pilares»: que en el maremágnum de la nueva oficina judicial cada juez tenga asignado un equipo de apoyo y que estén «claramente» identificados los funcionarios y letrados judiciales que lo integren. Y que el expediente judicial electrónico, y en general los servicios informáticos, estén bien acoplados a la nueva estructura. También piden que la dación de cuentas al juez sea mediante un sistema digital de alertas.
En lo relativo a los letrados de la Administración de Justicia, en Vigo fueron designados los cuatro directores que estarán al frente de los servicios comunes y las siete profesionales adjuntas a la dirección o jefas de área. «A nivel de todo el Estado hay mucha diferencia entre la preparación que llevamos en unos territorios y otros, lo que ha motivado que las asociaciones de letrados hayamos pedido un aplazamiento general por 6 meses para la entrada en vigor. Aquí [en Galicia] estamos entre el grupo de comunidades que ya tienen nombrados directores, adjuntos y jefes y se trabaja en la implementación desde hace tiempo, aunque aún está pendiente el acoplamiento del resto de letrados y el de los funcionarios», valora Juan José Yáñez, portavoz nacional de UPSJ y que dirigirá el servicio común de tramitación de la Audiencia.
Los funcionarios judiciales vigueses consideran que la implantación debe aplazarse. La junta de personal se reunió esta semana. «Estamos en desacuerdo con las RPT aprobadas por la Xunta y de cómo se hará el acoplamiento, que necesita de tiempo para materializarse. La fecha del 31 de diciembre es precipitada», manifiesta Roberto Fariña, del sindicato STAJ y presidente de dicha junta. Por parte de los funcionarios se ha propuesto a 16 para realizar jefaturas de equipo o de área en la oficina judicial, pero hasta hoy no se prevé que salga la publicación con los designados en el BOE y el DOG.
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