El juzgado del caso del «saltamontes» pide explicaciones al Concello sobre la falta de un plan de inspección de atracciones

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo ha remitido un nuevo oficio al Ayuntamiento en relación con el caso del accidente del «saltamontes» de Matamá que le costó la vida al joven Iván Castaño Hervella. La magistrada solicita al Concello de Vigo, entre otras cuestiones, el motivo por el cual «no dispone» de un plan de inspección y porque no intervino «en el presente caso», es decir, en esas fiestas celebradas en agosto de 2024, una entidad de certificación de conformidad municipal.

Con dos personas a día de hoy en calidad de investigadas (el dueño de la atracción y el que entonces era presidente de la comisión de fiestas de Matamá), esta causa judicial que este pasado verano fue prorrogada hasta febrero de 2026 acaba de tener un nuevo impulso con la batería de documentación que la jueza acaba de solicitar al Concello a petición del Ministerio Fiscal, diligencias la mayoría de ellas que ya habían sido interesadas de forma previa por las acusaciones particulares personadas en el procedimiento, sobre todo por la que ejercen los padres del fallecido y la que representa a la joven que iba con Iván en la cabina que se desprendió.

Un informe municipal desautorizaba el «saltamontes»

La magistrada, en una providencia que tiene fecha de este pasado 6 de noviembre, ordena librar oficio al Ayuntamiento a fin de que informe de «todos los correos electrónicos o comunicaciones de cualquier índole» remitidas a la Policía Local en relación con las fiestas de Matamá y «de forma específica» las relativas a la atracción del «saltamontes». El Concello había emitido un informe la noche del jueves 1 de agosto (el accidente fue la madrugada del día 3) que desautorizaba la puesta en funcionamiento de ocho atracciones en Matamá, entre ellas la del siniestro mortal, debido a que la documentación que había presentado el dueño era incompleta. Los agentes municipales fueron notificados vía email de dicho informe, pero alegan que no recibieron orden expresa de clausurar el «saltamontes».

El juzgado solicita también al Concello que informe de la razón por la cual «no dispone de un plan de inspección» ( como «así lo mencionaban al final de sus resoluciones» según se concreta en el informe previo de la Fiscalía) y «porqué no intervino en el presente caso una entidad de certificación de conformidad municipal». Es otra cuestión por la que también se ha interesado el Ministerio Público ya que en la causa consta por ejemplo la intervención de la empresa Enmacosa en las fiestas de Poio o Marín del pasado año. La jueza, sobre este tema, pregunta también al Ayuntamiento sobre «si existen en Vigo empresas de certificación de conformidad municipal o no, si tienen conocimiento de [que] esta problemática de no cumplimiento de las disposiciones de la Ley 10/2017 afecte o no a más concellos y si se ha modificado esta situación en el momento actual».

Preguntas sobre las fiestas de este verano

Otra cuestión que se recoge en la providencia judicial tiene que ver con las fiestas de Coia de este 2025, en las que no hubo autorización municipal para las atracciones de feria, algo que también acabó afectando al resto de los festejos que hubo en la ciudad olívica este pasado verano. La magistrada solicita que se «aporte el informe técnico y/o resoluciones administrativas que hayan motivado la suspensión, cancelación o modificación sustancial de las fiestas de Coia 2025, especificando en su caso, fecha de emisión, órgano emisor, fundamentos técnicos y jurídicos invocados, así como los criterios aplicados en relación con la evaluación de planes de autoprotección presentados para dicho evento».

Sobre el resto de diligencias de investigación instadas por las partes personadas, la jueza señala que se debe estar «a la espera» de recibir la información que se acaba de requerir «para entrar a valorar sobre la conveniencia» de las mismas. Las acusaciones particulares han intentado hasta ahora sin éxito que comparezcan en la causa la concejala de Fiestas, el jefe del área de Seguridad y Movilidad y dos técnicos municipales. El juzgado y la Audiencia de Vigo han denegado al menos de momento esta prueba a la espera de que se avance en la causa.

Suscríbete para seguir leyendo