«El crimen de O Porriño fue premeditado: arrojar a una persona a un pozo no es humano»

Carlos Alberto Videira do Orfao recibió sepultura el 20 de julio de 2023 en Viana do Castelo (Portugal). Desaparecido en Vigo el 13 de octubre de 2018, su cadáver se halló casualmente en un pozo en Porriño el 21 de febrero de 2021 y no fue hasta marzo de 2022, tras la difusión de un pionero retrato-robot, que el ADN esclareció que ese cuerpo le pertenecía. Aún tuvo que pasar otro largo año hasta que sus restos mortales fueron trasladados a la ciudad lusa donde nació.

Su familia recuerda que fue un «sacrificio económico enorme», pero que no pararon hasta traerlo de vuelta a su país para que sus padres, ya mayores y «rotos de dolor» por la pérdida de uno de sus tres hijos, lo pudiesen tener cerca. Ahora tienen otra lucha por delante. El juzgado ha archivado provisionalmente el caso, pero acaban de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra: «Lo único que nos mueve es buscar justicia; el dinero derivado de una desgracia no trae alegría a nadie».

La jueza, la cuarta que se hizo cargo del caso desde que en 2021 se halló el cadáver, sobreseyó el procedimiento, como pidieron la fiscal y las defensas, por la «ausencia» de pruebas pese a las «sospechas» que rodean a los tres investigados, el responsable de un taller mecánico y dos porteros de discoteca. La familia del fallecido, asentada en Viana do Castelo, ejerce la acusación particular y su abogada, Paula Diéguez, ya formalizó el recurso, alegando que sí hay «indicios de criminalidad» en torno a los ahora exculpados y que la instrucción judicial sobre la desaparición y la muerte violenta ha sido «insuficiente», por lo que interesa que se reaperture la causa para tomar declaración a diez testigos y ampliar el período de geolocalización de los teléfonos móviles mediante un nuevo requerimiento a Google.

La letrada también solicita que se oficie al Imelga para que el forense determine la «causa concreta» de la muerte y aclare la data del fallecimiento, uno de los grandes interrogantes que queda abierto ya que no se ha aclarado. Sobre las lesiones que presentaba la víctima, el informe médico forense realizado justo tras la autopsia al cadáver apuntó como causa del fallecimiento un fuerte traumatismo craneoencefálico. Un año después, el informe antropológico forense confirmó la existencia de tres focos de contusión, si bien concretando que las lesiones no eran necesariamente mortales, pudiendo producir en un primer momento una pérdida de conciencia y, en caso de que no recibirse asistencia médica o caer al pozo, finalmente la muerte por causa sobrevenida, se señaló.

Entre los testigos que se solicita que comparezcan en caso de que se reaperture el procedimiento están la que era pareja sentimental de la víctima, una amiga del hombre, el hijo y una prima del responsable del taller de Severino Cobas que estuvo investigado en el procedimiento, el propietario de la nave donde estaba ese negocio o el antiguo dueño de la nave de Porriño en cuyo pozo fue hallado el cadáver.

La acusación ve un archivo prematuro

La acusación particular observa, recoge el recurso, «una falta de esfuerzo investigador» en torno al crimen que se ha materializado con el «archivo prematuro» de las diligencias. «En este caso no se escuchó a los testigos perfectamente identificados o identificables, algunos que lo vieron el día de su desaparición y con quien se iba a ver ese día, tampoco a los testigos que reconocen a los autores del crimen por confesión propia y sin ánimo espurio [...]», se argumenta, señalando que en la causa, entre otras diligencias como la reconstrucción judicial, apenas se practicó «una geolocalización mínima » y el ADN.

Impunidad

La familia ve injusto que el crimen acabe «impune». «Carlos Alberto no se comportó bien», verbalizan en conversación telefónica con FARO y en referencia a las denuncias por estafa que se le acumulaban al fallecido relacionadas con su negocio de vehículos de segunda mano. «Pero hay otras maneras de resolver esas cuestiones, como denunciarlo y ponerlo en manos de la Policía, pero de la manera en que se hizo no. Matar a una persona y arrojarla en un pozo no es humano, fue algo planificado y premeditado», afirman, señalando, en contraposición con lo resuelto por el juzgado instructor, que sí ven «suficientes indicios» en la causa.

«Somos una familia humilde que ha sufrido mucho», lamentan. «A Carlos Alberto le gustaba su independencia, pero venía a Portugal», dicen. Hasta que dejó de hacerlo. «No supimos lo que le había podido pasar hasta que su pareja, cuando salió el retrato-robot, vino a decir que podría ser él», recuerdan. El ADN de la madre lo confirmó. Desde entonces luchan para que se haga justicia.

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