La trama de las narcolanchas de Vigo llega a juicio en febrero

Uno de los operativos contra el narcotráfico más importantes desarrollados en los últimos años en Vigo es la «Operación Endurance» contra un presunto entramado dedicado a la fabricación y posterior venta de narcolanchas. En el verano de 2024, tras dos años de investigación judicial, el Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo abrió juicio oral contra las 11 personas físicas contra las que dirige su acusación la Fiscalía, a las que se añade, como persona jurídica, una empresa de transporte de Porriño. El Ministerio Público pide penas que en global suman 59 años y seis meses de prisión –individualmente oscilan entre los 2 y los 9 años de cárcel–, así como multas millonarias, que en el caso de la mercantil cifra concretamente en 14 millones de euros.

La vista oral iba a celebrarse este noviembre, pero este miércoles, en que estaba señalada la vista de cuestiones previas, se suspendió. El motivo es que a uno de los acusados se le acaba de asignar un nuevo abogado de oficio, que necesita de un tiempo prudencial para estudiar la causa. De esta manera, dichas cuestiones previas se dirimirán el 2 de febrero de 2026 y las sesiones del juicio se desarrollarán entre el 16 y el 20 de dicho mes. Las fechas se decidieron esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en presencia del fiscal, los abogados defensores y los acusados, varios de los cuales asistieron a través de videoconferencia. Los abogados ya adelantaron que sus clientes declararán en último lugar, al final del juicio, en la futura vista oral.

Vigo, epicentro de la operación 'Endurance', con más de medio centenar de detenciones y unas 50 lanchas para narcotráfico intervenidas

La «Operación Endurance» asestó un duro golpe a este entramado supuestamente dedicado de pleno a la fabricación y posterior venta de narcolanchas. Una nave industrial ubicada en el polígono industrial de Cotogrande, en la rúa da Becerreira de Vigo, fue uno de los principales almacenes presuntamente a disposición de la organización para construir desde cero los cascos de estas embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, pero dispondrían de más naves para esta misma labor de fabricación o para culminarlas colocándoles los flotadores en distintos puntos del norte de Portugal, fundamentalmente en Valença do Minho y Viana do Castelo.

El mapa geográfico de esta red era todavía más amplio: con sus dos presuntos cabecillas domiciliados en Barcelona, contarían con toda una flota de camiones y remolques para transportar las planeadoras y con lugares para custodiarlas y ocultarlas en Tarragona y Toledo antes de entregarlas a los compradores, a los destinatarios finales. La Fiscalía sostiene que el fin de estas embarcaciones era el tráfico de hachís y, de hecho, concreta que una de las construidas en la nave viguesa, una semirrígida de 12,4 metros de eslora y provista de tres motores Yamaha de 300 caballos cada uno, fue empleada para un alijo de 957 kilos de dicha droga en la playa del Vigía de Mazagón, en Huelva, tras lo cual la abandonaron en la costa almeriense.

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