El crimen del pozo de Porriño acaba en archivo judicial y plagado de interrogantes

¿Quién mató a Carlos Alberto Videira do Orfao? ¿Cuándo? ¿Y en qué momento lo arrojaron al pozo donde acabó siendo hallado su cadáver ya esqueletizado? Son preguntas que, al menos de momento, se quedarán sin respuesta. El caso del crimen del pozo de Porriño, una de las investigaciones policiales, forenses y judiciales más complejas de los últimos años en el área de Vigo, ha acabado en archivo judicial. La jueza ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa por la «ausencia de elementos objetivos suficientes que aporten una corroboración mínima de los hechos investigados» pese «a las sospechas que rodean a los tres investigados», el responsable de un taller mecánico de la calle Severino Cobas y dos porteros de discoteca que, con este pronunciamiento judicial, quedan exonerados.

Originario de Portugal, Carlos Alberto estaba asentado en Vigo, donde se dedicaba al negocio de los vehículos de segunda mano y donde las denuncias por presuntas estafas en este ámbito se le empezaban a acumular. La última vez que se le vio con vida fue el 13 de octubre de 2018, pero no fue hasta el 21 de febrero de 2021 cuando su cuerpo fue hallado en un pozo de una finca de Cerquido. La causa que se acaba de archivar – «sin perjuicio de su reapertura si se hallare motivo suficiente», reza el auto con fecha de este 29 de octubre– se dirigió en primer lugar contra el responsable del taller, que fue quien, tras su arresto, implicó a los porteros también investigados al declarar que aquel 13 de octubre de 2018 fueron ellos quienes le pidieron localizar al hoy fallecido con motivo de una «aparente estafa» que habían sufrido. Una vez lo llevó al taller, agregó en sede judicial, los dos varones «tiraron al suelo y ataron las manos» a la víctima, comenzando a «estrangularla» y metiéndola aún «consciente» en un furgón, regresando horas después ambos con el vehículo vacío. Según este testimonio, la explicación que le dieron fue que «habían dejado a Carlos Alberto tirado desnudo en un monte en Portugal».

Pues bien, indica la instructora, la declaración incriminatoria de este coinvestigado es lo único que señala a los otros dos, uno de los cuales negó haber estado en dicha nave y el otro que solo lo hizo para reparar su vehículo. Y por si sola, sin ningún otro elemento que la corrobore, se concluye, resulta insuficiente. La geolocalización de los teléfonos móviles con los datos aportados por Google no ha permitido aclarar lo ocurrido. «Hay un hecho indiscutible, que los tres investigados estuvieron el 13 de octubre de 2018 en Severino Cobas –donde está la nave del taller– entre las 11 y las 12 horas», se argumenta en el auto. Pero, se añade, «no se puede concluir que [los dos porteros] estuvieran juntos en todo momento desde que salieron» de allí. Y lo más «relevante» de los posicionamientos es que «no se sitúa ninguno de los móviles en la finca de Cerquido en la que se halló el cadáver ni el día de la desaparición ni el resto de los días analizados» (los datos se pidieron hasta el 19 de ese mes y año).

Amplia horquilla temporal

La jueza pone esto en colación con dos de los grandes interrogantes que quedan abiertos. Porque no se puede aclarar el momento en el que el cadáver fue depositado en el pozo –el antiguo dueño aseguró que no había nadie allí dentro en julio de 2020– y tampoco «se puede fijar la fecha de la muerte». Los forenses hablan «de una amplísima horquilla entre agosto de 2019 y agosto de 2020», mucho después de la desaparición de la víctima. La acusación particular recurrirá el archivo provisional ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo.

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