Los conductores de los peajes de la AP-9 se unen para obtener la devolución del dinero

El Tribunal Supremo ha dicho la última palabra en torno a la causa judicial de los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente de Rande en la AP-9. La firmeza de esta histórica sentencia, que crea jurisprudencia para casos similares, derivará irremediablemente en su ejecución. Y las asociaciones de consumidores ya se han puesto en marcha.

En su día, cuando en 2020 se emitió el primer fallo condenatorio, había ya casi 300 conductores adheridos a la reclamación. Se produjo un parón debido a la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra pero ahora, tras revocar el Alto Tribunal esta última resolución y confirmar la condena inicial, los automovilistas afectados por los 81 atascos relevantes que dan derecho a la devolución de los peajes podrán reclamar si conservan los tiques de la autopista o los extractos del telepeaje.

La plataforma En-Colectivo anima a hacerlo en demanda de ejecución colectiva que formalizarán a través del juzgado, al tiempo que la concesionaria de la autopista ha abierto un «buzón especial y exclusivo» para atender las reclamaciones.

Diego Maraña, presidente de En-Colectivo, y uno de los abogados de la plataforma, Juan Camacho, del despacho BGI-LAW, recomiendan a todos los ciudadanos perjudicados a requerir la restitución de los peajes a través de esta demanda de ejecución, recordando que, como se señala en sentencia, también tienen derecho a los intereses legales devengados desde la fecha de cada pago.

«Vale la pena hacer las cosas bien. Tienen derecho a reclamar todos los que, con la condición de consumidores, pasaron por la autopista en los días y tramos horarios que se reconocen en sentencia», afirma Maraña, que califica la sentencia del Supremo como un «gran éxito para todos los gallegos». «Y va más allá. Esto también es una forma de advertir al Gobierno de que ya está bien», agrega, criticando la negativa del Ejecutivo central a proceder al rescate de la concesión y a la liberación del peaje de la AP-9.

Buzón para los usuarios

FARO intentó sin éxito recabar el parecer de Audasa sobre lo resuelto por el Supremo. Lo que sí hizo, en su página web y el mismo martes por la noche, solo horas después de notificarse la sentencia, fue abrir un buzón dirigido a los usuarios «que hayan circulado por el tramo de la autopista AP-9, en las fechas y dentro de las franjas horarias, en que tuvieron lugar las 81 incidencias enumeradas en la sentencia».

Las solicitudes deberán dirigirse exclusivamente por correo electrónico a la dirección 81incidencias@audasa.es, indicando en el asunto «Reclamación Sentencia TS 1441/2025» y acompañando la documentación acreditativa que da derecho a la devolución del peaje abonado. Lo que no se señala, ni se aclaró a preguntas de este diario, es si a los ciudadanos que opten por esta vía se les restituirán también los intereses legales reconocidos en el fallo judicial.

Las reacciones a nivel político en torno al importante pronunciamiento del Supremo no se han hecho esperar. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, dijo que al Ejecutivo central le parece «correcto». «Acatamos la resolución, afecta a una empresa concesionaria, mercantil, y la respetamos», señaló.

El alcalde vigués, Abel Caballero, mientras, considera que es una «gran sentencia» en la que imperó el «sentido común». Y aprovechó para demandar que la autopista «entera» sea gratis. «Pido la gratuidad desde Ferrol hasta Tui y desde Tui hasta Ferrol», manifestó. La Xunta, mientras, urgió al Gobierno central ese rescate de la AP-9.

Fuera de Galicia, el gobierno del Principado de Asturias anunció que estudiará «en detalle» la sentencia de los peajes cobrados durante las obras de Rande para ver «cuál es el fundamento y si sería de aplicación» en dicha comunidad al caso del Huerna (AP-66).

La Audiencia de A Coruña revisa en noviembre el fallo que da la razón a los transportistas

Los mismos hechos, el cobro de peajes durante las obras que se ejecutaron en Rande entre 2015 y 2018, dieron lugar a dos procedimientos judiciales distintos. Uno es el derivado de la demanda colectiva que impulsó la Fiscalía de Pontevedra en defensa en exclusiva de los consumidores, es decir, de los ciudadanos particulares, que es sobre el que acaba de dictaminar el Tribunal Supremo. Y el otro fue instado por empresas transportistas y otros profesionales y derivó también en una sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia 12 de A Coruña, que condenó a Audasa a devolver a los 21 litigantes el 50% de los peajes abonados mientras se ejecutaron los trabajos. La cuantía a restituir supera los 63.000 euros.

Esta resolución se emitió en 2022 y, a raíz del recurso de apelación de la concesionaria de la AP-9, ahora es la Audiencia Provincial de A Coruña, su Sección Quinta, la que debe pronunciarse. La deliberación, votación y fallo ha sido señalada, de hecho, para el próximo 18 de noviembre. La iniciativa de presentar esta demanda partió de la asociación de transportistas Apetamcor y los demandantes están representados por el abogado Xoán Antón Pérez Lema, que también ha recurrido por cuestiones puntuales relacionadas con la reclamación de varios de los transportistas.

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