Viviendas de protección de Navia se convierten en narcopisos

Vecinos del barrio vigués de Navia alertan sobre la presencia de varios narcopisos en dos bloques de la calle Teixugueiras, una de las principales arterias de la zona. Según denuncian, en al menos cuatro viviendas —algunas de ellas propiedad del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y de protección oficial— se estarían realizando actividades relacionadas con la compraventa y consumo de drogas, lo que ha generado un clima de inseguridad y malestar entre los residentes.

La preocupación vecinal no es nueva. Desde hace años se vienen registrando episodios de conflictividad en determinados portales del barrio, pero los afectados aseguran que la situación se ha agravado en los últimos meses. En los alrededores de estos edificios se han detectado actos de vandalismo, presencia de consumidores en las zonas comunes, amenazas y problemas de higiene derivados del consumo de sustancias en espacios compartidos.

Navia, un barrio joven y densamente poblado que combina viviendas públicas y privadas, fue concebido hace dos décadas como una de las principales zonas de expansión urbana de Vigo. Sin embargo, los vecinos advierten de que la falta de control en parte del parque de vivienda pública está deteriorando la convivencia. «El barrio nació con un espíritu familiar y tranquilo, pero ahora hay portales donde la situación es insostenible», comentan residentes.

Los afectados aseguran haber remitido múltiples escritos y quejas a la Xunta de Galicia, a través del IGVS, así como a la Valedora do Pobo, los ministerios de Vivienda e Interior y a distintos grupos políticos, sin haber obtenido respuestas concretas. Critican lo que consideran una «pasividad administrativa» ante unos hechos que, a su juicio, vulneran la convivencia y la seguridad ciudadana.

El IGVS, organismo que gestiona la vivienda pública en Galicia, posee más del 50 % de los inmuebles en los edificios señalados. Los residentes reclaman que se apliquen las medidas previstas por ley para los casos en que los inquilinos incurran en conductas contrarias a la normativa, como la apertura de expedientes sancionadores o la rescisión de contratos de arrendamiento.

En paralelo, la asociación vecinal estudia emprender acciones legales si no se produce una intervención inmediata. Entre las opciones que se barajan figura la presentación de denuncias ante la Fiscalía o la vía contencioso-administrativa.

El barrio de Navia, con más de 10.000 habitantes y una importante proporción de viviendas protegidas, se ha consolidado en los últimos años como un núcleo en crecimiento, con nuevos desarrollos urbanísticos en marcha. Sin embargo, los vecinos insisten en que los problemas de convivencia vinculados al consumo y tráfico de drogas amenazan con empañar la imagen de una zona que nació para ofrecer vivienda asequible y calidad de vida.

Okupas

Lo cierto es que la aparición de narcopisos no es el único problema que están sufriendo las viviendas públicas de Navia en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, hace apenas unos meses salieron a la venta varios de los primeros pisos de protección oficial que se construyeron en el barrio hace unos quince años. Y algunos de ellos se vendían con okupas dentro. Según la inmobiliaria de uno de ellos, cuando se liberó de la protección autonómica, la propietaria del piso decidió ponerlo en alquiler. Pero hace dos años que el inquilino no le paga y no ha sido capaz de echarlo pese a presentar numerosos recursos en el juzgado, que le dan la razón pero que alega que esa persona es vulnerable y que no se puede desalojar.

Es por eso que la propietaria fue un paso más allá y decidió ponerlo a la venta a un precio de 240.000 euros, unos cien mil más de los que abonó cuando lo compró hace más de una década. Según la agencia que gestiona el inmueble, todos los gastos y daños causados por el okupa serían financiados por la actual dueña del piso, pero el procedimiento para echarlo correría a cargo del comprador, ya sea con una nueva demanda de desahucio o recurriendo directamente a empresas de desalojo exprés, que normalmente trabajan desde los 3.000 euros, en función de la dificultad del encargo. Hay que recordar además que las viviendas que están a la venta con okupas dentro no pueden ser visitadas.

Suscríbete para seguir leyendo