Los juzgados vigueses ya aplican la retroactividad en las pensiones de trabajadores a tiempo parcial

En 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) primero y el Tribunal Constitucional español a continuación emitieron dos importantes sentencias que, en la práctica, vinieron a suponer una mejora en las pensiones de jubilación o de incapacidad permanente de las personas trabajadoras a tiempo parcial, un ámbito copado sobre todo por mujeres, que durante las últimas décadas han sido y siguen siendo mayoría en este tipo de empleos para poder conciliar la vida laboral con la familiar. Esas resoluciones judiciales derivaron en 2023 en una modificación legal y, en definitiva, en la eliminación del coeficiente de parcialidad para el cálculo de estas prestaciones. El problema es que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se opone a revisar las jubilaciones con efecto retroactivo, es decir, aquellas concedidas con anterioridad a 2019. Pero dos de los siete juzgados de lo Social de Vigo, el número 1 y el número 2, acaban de dictar las primeras sentencias en Vigo que ordenan también recalcular al alza las pensiones que fueron reconocidas antes de dicho año.

Ya son un buen puñado de resoluciones las que han aplicado en Vigo la retroactividad. Una de ellas tiene fecha de este pasado 2 de octubre y condena al INSS a revisar y recalcular la pensión de jubilación de la demandante –reconocida desde 2015– mediante la eliminación del coeficiente de parcialidad, «conforme a las reglas previstas para los trabajadores a tiempo completo y con efectos desde la fecha del hecho causante de la prestación». La Seguridad Social se oponía ya que la concesión fue anterior a la sentencia del 2019 del Constitucional y a la reforma del artículo 247 de la Ley General de la Seguridad Social que entró en vigor en 2023, pero el titular del Juzgado de lo Social 2, Germán Serrano, concluye que sobre los efectos 'ex nunc' (desde ahora y sin retroactividad) de la inconstitucionalidad del precepto reconocida por el Constitucional, priman los efectos 'ex tunc' (desde siempre) de la sentencia que emitió Europa.

Resolver situaciones discriminatorias

«Esta última exégesis es la más adecuada», refiere el juez, ya que de otro modo «no se estaría aplicando el efecto útil» del derecho de la Unión Europea, que es además lo propio «para resolver situaciones discriminatorias de forma plena y definitiva». Los efectos deben de ser desde el «hecho causante», desde que se reconoció la jubilación, «en parangón con las decisiones unificadas que se adoptaron en los casos del reconocimiento del complemento de maternidad», en referencia a una materia que dio lugar a una avalancha de pleitos de jubilados para reclamar un incremento en sus pensiones.

Las sentencias de este magistrado y de José Manuel Díaz Álvarez, al frente de Social 1, han sido apeladas por el INSS, por lo que ahora deberá decidir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Pero Jessica Álvarez Domínguez, de AV10 Abogados, que representa a la jubilada que ganó el caso que se cita en este artículo, se muestra optimista ya que el Alto Tribunal gallego es «bastante garantista» con el trabajador. Junto a esta sentencia, logró la retroactividad en más casos de Vigo y de otros puntos de España: «El efecto retroactivo beneficia a muchos trabajadores, obliga a revisar todas las pensiones que se vieron mermadas por una normativa discriminatoria».

En la mayoría de procedimientos que lleva ella las demandantes son mujeres, sobre todo del sector del comercio, «donde hay muchos contratos a tiempo parcial». En sus demandas también está pidiendo una indemnización adicional de 1.800 euros, pero esta solicitud fue denegada por los jueces vigueses, por lo que volverá a plantearla en segunda instancia.

A «golpe» de demanda

Sobre la cuestión que centra estas sentencias dictadas en Vigo también habla Gabriel González Rodríguez, de Zeres Abogados, que incide asimismo en el hecho de que tradicionalmente han sido las mujeres las que más han optado a estos contratos a tiempo parcial, en ámbitos como el de la limpieza, el de las empleadas de hogar o, ejemplifica, el de las academias privadas de enseñanza. Lamenta que, como ha ocurrido con el complemento de maternidad o para el permiso de maternidad de las familias monoparentales, los trabajadores se tengan que ver abocados a la vía judicial para hacer valer sus derechos. «Al final todo se consigue a golpe de demanda. En cierto modo es un fracaso tener que acudir a estas vías, pero lo positivo es que, a través de este ámbito, el judicial, podemos cambiar la realidad jurídica en beneficio de muchas personas», valora.

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