El inspector de Hacienda afronta 6 años de prisión por la presunta trama de extorsión a empresarios

En 2026 se cumplirán diez años desde que se abrió la causa judicial sobre la presunta trama de extorsión a empresarios que derivó en la detención del inspector de Hacienda de Vigo Asdrúbal C. G. El juicio que se celebrará con jurado popular aún no tiene fecha, pero, concluida por fin la fase de instrucción, la Fiscalía acaba de presentar su escrito de conclusiones provisionales. Un escrito que dirige contra dicho inspector –en la actualidad ya jubilado–, contra su exmujer Beatriz Z.M. y contra los empresarios Francisco G.P. y Pablo G.T. que supuestamente actuaron como intermediarios, especialmente el primero. Y en el que formula acusación por un total de cuatro delitos: cohecho, revelación de informaciones, actividades prohibidas a funcionarios públicos y blanqueo de capitales.

El fiscal acusa a Asdrúbal C.G. de todos los delitos y solicita que sea condenado, entre otras penas, a seis años, tres meses y un día de prisión y a multas que suman 232.102 euros. Para su exesposa, a la que atribuye la presunta coautoría del blanqueo, pide tres años, tres meses y un día de prisión y multa de 194.602 euros. En el caso de los otros encausados, las penas de prisión que plantea son dos años para Francisco G.P. como supuesto cooperador necesario en el cohecho y en el delito de actividades prohibidas a funcionarios y un año para Pablo G.P. como supuesto cómplice en el cohecho.

A favor de todos tiene en cuenta una circunstancia atenuante, la de dilaciones indebidas por la demora que sufrió esta causa incoada en 2016 y que se dilató en su fase final. El Ministerio Público deja fuera a otros cuatro investigados así como varios delitos que tuvieron peso en la instrucción judicial, entre ellos el de organización criminal, por el que finalmente esta parte no acusa.

A cambio «de dinero»

El escrito arranca con el caso de una empresa compostelana de comercio de madera y material de construcción que fue objeto de una inspección tributaria por parte del inspector acusado, actuación que derivó en una causa, ajena a este procedimiento, por posible delito fiscal en el impuesto de sociedades cuyo juicio está fijado para 2026. Pues supuestamente el contable y representante ante Hacienda de esa empresa recibió en 2016 la visita de los dos supuestos intermediarios, uno de los cuales le llegó a ofrecer, siempre según la acusación pública, «a cambio de dinero» y «gracias a lo que Asdrúbal podría hacer con el expediente», que el «asunto de la inspección fiscal en curso acabara de la manera más conveniente para sus intereses».

«Dormir bien vale mucho...», le habría dicho para convencerlo. «No consta que al final [dicha sociedad] aceptara el ofrecimiento ni que pagara nada», afirma el fiscal, que agrega que el inspector de Hacienda habría facilitado a sus cooperadores «informaciones concretas sobre el expediente tributario» de la mercantil, pese a que es información reservada.

Asesoramiento «en la sombra»

«Otros obligados tributarios», sostiene la Fiscalía, «se han quejado de que Asdrúbal haya llevado a cabo actuaciones indebidas en su desempeño como inspector de Hacienda. Surgieron denuncias contra él por diversos cauces». En esta causa, sigue, lo que se pudo «concretar» es que ya antes de 2016 habría asesorado a empresas que tenían procedimientos de inspección. «No consta que para ello llevara a cabo una actuación necesariamente contra la ley», dice, para añadir, como ejemplos del supuesto proceder, que «a cambio de una retribución» podía decantarse por una «interpretación más favorable» para el contribuyente o «incluso podía bastar con dar las ideas o el asesoramiento pertinente para que el respectivo expediente tuviera un curso los más favorable posible».

Generalmente, indica esta acusación, los destinatarios de dichos «servicios» eran empresas objeto de inspecciones en las que intervenía el principal acusado y en lo que lo defraudado estaba «al límite» de la vía judicial penal. Y, «para mantenerse a la sombra», usaba la intermediación de Francisco G.P. y su empresa de asesoría y consultoría, «para interactuar con el contribuyente receptor de esos asesoramientos ilegales, para presentar los escritos en los expedientes o para ir cobrando». En alguna ocasión, agrega, «se valió» también «de la intermediación» de su entonces esposa.

El fiscal cita a casi 15 empresas gallegas que habrían recibido esos asesoramientos, que le habrían generado al inspector «ingresos adicionales» respecto a los que ganaba legalmente como funcionario público, parte de ellos «en efectivo». No consta, se concluye, que el acusado tuviese permiso para compatibilizar su labor en Hacienda con la de asesor fiscal.

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