Empresas de VTC falsean su domicilio fiscal para poder ejercer en Vigo
Por el momento hay cuatro empresas operativas y una de ellas está domiciliada en una calle que no existe en Pontevedra, sino en Madrid

Un taxista y un Uber, en la estación de buses de Vialia. / Adrián Irago
La cruzada entre taxistas y VTC continúa su curso en Vigo. Estos últimos siguen ejerciendo, pese a no tener licencia para hacerlo en los límites urbanos. Solo pueden trasladar pasajeros entre ciudades.
Aunque la Policía Local ya sancionó a más de una veintena, los conductores se muestran despreocupados. Desde la patronal, Unauto, les indicaron que presentarían recursos ante todo tipo de identificaciones. Y así lo están haciendo.
Sin embargo, los taxistas ya pidieron permiso para manifestarse en una «marcha lenta» y esperan que la delegación del Gobierno responda. Cuentan con el apoyo de compañeros de otras ciudades gallegas que se unirían en su misiva.
No solo quieren que se limiten a circular entre ciudades, sino que advierten de que hay empresas de VTC cuyo domicilio fiscal está en Madrid. Al buscar sus matrículas aparecen registrados en una calle de Pontevedra que no existe, Almagro 44. Sí que hay una con ese nombre, pero está ubicada en Madrid.
Por tanto, según indican los taxistas, la Xunta estaría dando autorización a una empresa no domiciliada en la comunidad. De hecho, dado que el Concello no tiene ordenanza sobre estos vehículos, la responsabilidad recaería sobre ellos.
Son cuatro compañías de coches con conductor las que están ejerciendo en Vigo y cuentan con una flota de cerca de medio centenar de vehículos. Entre ellas estarían Black Cars, Serviauto, Cibeles Comfort Cars y, una última incorporación, Flatiron Trust S.L.
Revocación de licencias
Algunos taxistas de la ciudad solicitaron por su cuenta a la Xunta la revocación de la autorización de vehículos con conductor que observaron ejercer en los límites urbanos de Vigo más de tres veces, pese a atener sanciones por hacerlo.
Desde la patronal, Unauto, aseguran que presentan recursos contra todas las que reciben. «No olvidemos que estamos amparados en una autorización de transporte legal», aseguran.
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