Casi 2.700 familias se declararon en quiebra en la primera década de la ley

El 30 de julio de 2015 entró en vigor la Ley de Segunda Oportunidad. Y transcurrida una década desde que se puso al alcance de los particulares un procedimiento legal que hasta entonces estaba limitado a las empresas todo apunta a que se batirán récords de demandas. Casi 2.700 familias se declararon en quiebra en busca de una cancelación total o parcial de sus deudas durante estos diez años en Vigo y en el resto de la provincia de Pontevedra. El grueso de estas demandas se presentaron en los últimos tres años, lo que evidencia que la ley está en plena expansión. Los datos del primer semestre de este 2025 dejan bien a las claras que ni mucho menos se ha tocado techo.

«La segunda oportunidad cada vez se utiliza más. La clave está en que la ciudadanía ha empezado a conocer que existe este mecanismo», coinciden los abogados que llevan esta materia. Y muchas personas que ignoraban que existe este instrumento legal acaban acogiéndose a él aconsejados por los letrados a los que acuden en busca de asesoramiento legal para solucionar el grave endeudamiento en el que, por las más diversas razones, acaban inmersos. Porque, como explica Tomás Santodomingo, un perfil muy habitual entre quienes se declaran en concurso es el de ciudadanos que quisieron sortear sus dificultades económicas con préstamos rápidos y que se quedaron «cautivos» –así denomina el Tribunal Supremo a este fenómeno– por los elevados intereses de estos productos. Emprendedores que fracasaron con sus negocios arrastrando a toda su familia, trabajadores que perdieron su empleo y se vieron sin apoyo económico ninguno o personas con adicciones como la ludopatía son otros perfiles habituales.

Anualidades

En el primer año completo con la ley, en 2016, solo 20 familias se declararon en quiebra en todo el territorio pontevedrés. Poco a poco la cifra fue creciendo hasta las 758 del pasado año. Y en el primer semestre de este 2025 fueron un total de 578. Suponen prácticamente el 90% de todos los concursos de acreedores presentados: hubo 9 más también de personas físicas, pero con la consideración de empresarias, y 57 de empresas, que de acapararlo todo hasta el 2015 se han visto relegadas hasta el punto de representar únicamente el 8,8% de todos estos procedimientos.

Pese a que la ley tiene pocos años, ha ido afinándose con reformas y a base de pronunciamientos judiciales. Algunos de los cambios más importantes son recientes, de 2022. Entre otros, se eliminó la obligatoriedad del acuerdo extrajudicial previo, se introdujo el concurso sin masa y se estableció un tope a la exoneración de la deuda pública: hasta 10.000 euros con la Agencia Tributaria y hasta 10.000 con la Seguridad Social. Sobre esta cuestión, sin embargo, algunos jueces están abriendo la puerta a una cancelación más amplia o total de este tipo de deuda en aplicación de la doctrina europea.

Vivienda habitual

Otra cuestión importante es la de la vivienda habitual. Cumpliendo varios requisitos, quien se acoja a este mecanismo puede conservarla, aunque el importe del préstamo hipotecario no es exonerable y debe seguir pagando las cuotas mensuales. Ésta, precisamente, es una de las cuestiones que más preocupa a quienes quieren optar a la segunda oportunidad y son propietarios de una casa. «El poder mantener la vivienda es un cambio clave», concluye Santodomingo.

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