«El Concello de Vigo no se plantea denunciar ante el Comité de Ética de la FIFA, sino abrir un diálogo institucional con ella»

Un manual para poder escapar del laberinto que ha supuesto el «Sedegate» para las aspiraciones mundialistas. El abogado y catedrático Eduardo Gamero Casado (Sevilla, 1968) explica el camino que debe llevar a Balaídos a la cita del 2030. Bético de cuna, ve «indicios» claros de que la RFEF maniobró en la selección y considera un reto «precioso» que el Concello le haya elegido para asesorarlo.

—Usted tiene experiencia en el Comité Olímpico Internacional y en casi todas las instancias del deporte español también. ¿Había visto alguna vez algún caso similar a este?

Yo no conozco precedentes en este tema, por lo que se refiere a candidaturas de sedes de mundiales. Ha habido casos anteriores pero en relación con la elección de los organizadores, pero a este nivel de detalle no.

—A día de hoy y comparado con hace cinco meses cuando inició el camino con el Concello. ¿Vigo y Balaídos están más cerca, más lejos o en el mismo punto de poder llegar a ser sede?

En mi opinión Vigo ahora mismo debería estar dentro. Completamente. Porque si lo que le corresponde a la RFEF es elaborar una preselección con un número de sedes y una no sigue adelante, lo lógico es pensar que debe entrar la siguiente porque esa es la decisión objetiva según los parámetros que dice haber aplicado. Por tanto, deben comunicar a la FIFA que la siguiente es Vigo y le corresponde ese puesto.

—En el informe apunta que esa renuncia ratifica a la ciudad. ¿Cambió la estrategia de defensa, pasando de juzgar el proceso de selección a darlo por bueno y apuntar que Vigo es la siguiente?.

No exactamente. Nosotros no estamos validando el proceso entre otras razones porque no conocemos la documentación que avala la decisión que se tomó. Lo único que estamos pidiendo es coherencia. Si en el proceso, en unas condiciones que no conocemos porque no se nos han dado la baremación, no podemos juzgar si fue justa o no. Hay indicios de que no lo fue. Ahora, tras la renuncia de Málaga, de acuerdo con las decisiones tomadas Vigo ahora mismo debe ser proclamada sede. La diferencia es importante.

—Han pasado cinco meses desde su visita a Las Rozas. ¿Les han facilitado alguno de los 120 documentos reclamados?

Nada. La RFEF se ofreció a entregar las baremaciones de su propia candidatura pero es una información claramente insuficiente. Hemos pedido los criterios y cómo se aplicaron a todas las candidaturas porque es la única manera de evaluarlo. Solo se nos permite a la de Vigo y nos obligan a mantenerla en secreto. Nos oponemos claramente a las dos cosas. Primero, aquí hay un deber de transparencia que pesa sobre la FIFA y como la RFEF forma parte del proceso de selección, le afecta. Si hay un compromiso que establece la FIFA en su código ético y las normas que regulan cómo se elige la sede del Mundial, ese se traslada a la RFEF porque si no una fase quedaría opaca. ¿Qué nos invocan desde la federación? Que se ha suscrito un compromiso de confidencialidad, pero será por cuestiones técnicas o industriales de las otras, pero no pueden neutralizar ese deber de transparencia. Es como si en los contratos públicos y nos dicen que tenemos que guardar confidencialidad. Tienen el deber de publicarlos para todo el mundo. Frente a esa falta de transparencia se está insistiendo para que se suministre esa documentación. Si no se hace por parte de la RFEF, una de las soluciones que plantea el informe es requerírsela a la FIFA en cumplimiento de sus propios deberes de transparencia.

—La FIFA sí ha publicado las puntuaciones de las sedes cumpliendo su código, y además la RFEF es «una entidad asociativa privada, de utilidad pública, que está regida por la Ley del Deporte». ¿Estaría entonces doblemente obligada a publicarlo?

En el tema de las federaciones deportivas españolas hay una contradicción que es muy difícil de salvar y que continuamente da problemas. En nuestro derecho asumen funciones públicas delegadas, pero también tienen funciones privadas. Las funciones públicas delegadas están sujetas al control del Consejo Superior de Deporte, en las privadas no. La organización de competiciones internacionales es una función privada y por tanto no está sujeta a la legislación pública, salvo en aspectos puntuales que se analizan en el informe. En relación con las obligaciones de transparencia tienen que ver sobre todo con las subvenciones. A partir de ahí se puede requerir información tanto a la RFEF como al CSD que ha manejado a la hora de supervisar el proceso de selección de la candidatura. Pero insisto, es que no es solo la legislación española, que estamos hablando de la FIFA, que tiene una reglamentación propia de transparencia. Si en este caso la RFEF está actuando en ejercicio de funciones privadas porque organiza una competición internacional, lo que no puede decir es que no estoy sujeto a la legislación española porque no estoy ejerciendo una función pública, ni estoy sujeto a la reglamentación de la FIFA porque soy una federación española. No, sorber y soplar a la vez no. Debe ser coherente con lo que está haciendo, ser parte de un proceso de decisión de la FIFA, y usted está actuando como brazo operativo de la FIFA. Me estoy dirigiendo a usted como parte de la FIFA, que está condicionando decisivamente la decisión que tome porque está presentando ante la FIFA un número cerrado de candidatura y está excluyendo a Vigo y eso no es transparente. Y hay otra pata que es la piedra de toque que es el derecho a la competencia.

—¿En qué consistiría?

La FIFA es un operador a nivel mundial con una posición dominante porque la Copa Mundial de Fútbol es un monopolio de hecho. Y sobre eso la legislación europea y española de control de la competencia es muy clara. Y llevamos muchos años en los que el TJUE y la CE le recriminan a FIFA y UEFA que no se sometan a leyes de competencia y que deben establecer un marco transparente, además de la objetividad en la toma de decisiones. Usted no puede decidir porque le da la gana, porque está ejerciendo un monopolio de hecho.

—¿Y cómo pueden hacerlo?

La Superliga. En la sentencia dicen que no pueden prohibir una competición que no sea de la UEFA o FIFA porque para hacerlo tienen que establecer un marco claro en el que se establezcan las condiciones para que se juegue al margen de las suyas. Como no lo habían hecho, no podían prohibirla. Tenemos otro ejemplo muy reciente con el partido del Barcelona y Villarreal en Miami. La FIFA puede decir que le gustaría prohibirlo pero no puede, porque tiene la sede en el espacio europeo y están sujetos a la regla de competencia. Esto tenemos que llevarlo al caso de Vigo.

Que se decida que Vigo es sede y no lo es Valencia o no lo es cualquier otra ciudad, es una decisión con un impacto económico altísimo. En una competición que es un monopolio de hecho y usted no lo puede hacer con condiciones opacas sin que se pueda demostrar la objetividad de esa decisión. Estas son las dos primeras patas: transparencia, me tiene que publicar los criterios, pero es que en segundo lugar como no lo haga está infringiendo el derecho europeo de la competencia. Esa es la idea fundamental del informe.

—Habría entonces legislación nacional, la interna de la FIFA y la europea y nacional sobre competencia para reclamar. Desaconseja la vía judicial para resolverlo y apuesta por el diálogo. ¿Qué recorrido podría tener a nivel legal?

A nosotros se nos encomendó buscar soluciones para que Vigo sea sede del Mundial y eso es lo que hemos hecho. Hacer un análisis, pero luego insistir en las soluciones que contribuyan a ese objetivo. Y entendemos que lo que debe hacer el Concello es lo que viene haciendo: lealtad institucional, diálogo, búsqueda de soluciones, que no se excluya a nadie y no bajar la guardia en casa con las actuaciones necesarias. Que se sigan enviando requerimientos a la RFEF, al CSD y que llegado el caso se dirija a la propia FIFA en Zúrich y se le dé traslado. FIFA es más consciente que nadie de que está sujeta al derecho europeo de la competencia, insisto, acaba de demostrar con la decisión que ha tomado en el partido Barcelona - Villarreal.

—¿Si el Concello fuera directamente hacia la FIFA, qué postura podrían tomar?

La selección es un proceso bifásico: una preselección, de la RFEF, y una fase de decisión, de la FIFA, de la proclamación de las definitivas. Hasta que esa decisión no tenga lugar está abierto el escenario, hay una propuesta. Vigo tiene un contrato suscrito con la RFEF y la FIFA, puede comunicarse directamente con ella porque está en el marco de ejecución del contrato. El dar traslado a la FIFA de los hechos para que los tome en consideración y actúe como estime conveniente, se podría llegar a presentar una denuncia, pero no es lo que se plantea el Concello. El Concello de Vigo no se plantea presentar una denuncia ante el Comité de Ética de la FIFA. Se plantea abrir un diálogo institucional con la FIFA en el caso de que se revele fallido el que está intentando mantener con la RFEF y el CSD.

«¿Qué sentido tendría abrir esta vía? Ninguno, porque los procesos penales se eternizan»

—Habla de que «puede haber un posible delito de falsedad documental» pero rechaza la prevaricación y corrupción en los negocios. ¿Qué consecuencias podría llegar a haber a nivel jurídico?

El encargo que hemos recibido es buscar soluciones y la sociedad contemporánea suele acudir mucho a la vía penal. ¿Qué sentido tendría abrir esta vía? Ninguno, porque los procesos penales se eternizan. Es una cuestión en la que no quiero ni entrar porque no vale la pena. Aquí nadie se lo está planteando, nuestra prioridad es que Vigo sea sede. Llevar esto a la vía penal significa esperar años a que haya soluciones en primera instancia.

—¿Ha podido hablar en estos meses con la exdirectora de la candidatura, María Tato?

No. Fue cesada y en la propia RFEF dicen que estas decisiones fueron tomadas por personas que ya no forman parte de la organización. Por tanto, ni siquiera la propia Federación Española de Fútbol tiene contacto con estas personas, institucional o que sepamos.

—¿Y con el actual presidente de la federación, Rafael Louzán?

Mantuvimos una reunión con el alcalde en Las Rozas, con el director general, con los servicios jurídicos y una serie de personas, pero con el presidente no.

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