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La Fiscalía pide archivar el caso del crimen del pozo de Porriño: hay «sospechas razonables», pero solo eso

La geolocalización de los teléfonos de los tres investigados los sitúa en una nave de Vigo y más tarde a dos de ellos en la localidad porriñesa, pero para la fiscal «no es concluyente»: parece que no iban juntos y no los ubica en el lugar concreto donde se halló el cadáver

Guardias civiles, en 2021 ante el pozo de Porriño donde fue hallado el cadáver de la víctima.

Guardias civiles, en 2021 ante el pozo de Porriño donde fue hallado el cadáver de la víctima. / A.G./ EURORREXION

Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

Uno de los crímenes de mayor complejidad a los que se ha enfrentado en los últimos años la Guardia Civil de Pontevedra es el conocido como el crimen del pozo de Porriño. Un caso que, pese a los esfuerzos policiales y judiciales, podría finalmente verse abocado al archivo. Y es que la Fiscalía ha solicitado a la jueza instructora el sobreseimiento provisional al considerar que pese a las «sospechas razonables» y las «mentiras» en que incurrieron los investigados, los indicios existentes no permiten establecer «una base objetiva suficiente» para formular acusación de delito de homicidio o asesinato. La diligencia clave que faltaba y que dio lugar a la apertura de una pieza secreta, la de la geolocalización de los teléfonos móviles de los sospechosos, no es «concluyente» a ojos del Ministerio Público. Tras esta petición de la fiscal, coincidente con la planteada por las defensas, la magistrada acaba de dar traslado a la acusación particular para que emita también su informe antes de tomar una decisión.

El cuerpo de Carlos Alberto Videira do Orfao, un ciudadano luso afincado en Vigo que tenía 37 años de edad, fue hallado el 21 de febrero de 2021 en un pozo del lugar porriñés de O Cerquido. Permanecía desaparecido desde el 13 de octubre de 2018, fecha que fue determinante a la hora de imputar a los tres investigados del caso: R.B.M., M.D.V.E. y S.L.M. Este último fue el que inculpó y propició con ello la detención de los anteriores, al declarar que aquel día de octubre fue a buscar a la víctima porque se lo habían pedido los otros dos «para cobrar una deuda», llevándolo a una nave de Severino Covas de la ciudad olívica donde estos hombres «lo golpearon, le pusieron una bolsa en la cabeza, lo metieron en una furgoneta y se lo llevaron».

Un momento de la reconstrucción judicial que se hizo de este caso en 2023, con presencia de la comisión judicial.

Un momento de la reconstrucción judicial que se hizo de este caso en 2023, con presencia de la comisión judicial. / Alba Villar

Severino Cobas

El resultado negativo de las pruebas de ADN ya fue un golpe en su día para la tesis acusatoria. Faltaba sin embargo el de la comisión rogatoria librada a EE UU para que Google facilitase el posicionamiento de los teléfonos móviles de los investigados en el día en que Carlos Alberto desapareció. Y, a juicio de la fiscal, «la suma de las posiciones de los tres investigados no nos permite extraer nada concluyente». «Es cierto que los tres teléfonos estuvieron entre las 11.00 y las 12.00 horas del 13 de octubre de 2018 en la calle Severino Cobas», argumenta. Algo que evidencia que los dos sospechosos a los que inculpó S.L.M. «faltaron a la verdad pues negaron haber estado en esa fecha en la nave».

El problema, agrega, «surge con los movimientos posteriores». Los dos a los que culpó el primer detenido se desplazaron a Pontellas, en Porriño, localidad donde se halló el cadáver –aunque en otra parroquia–, pero para la Fiscalía no es suficiente, ya que «no estuvieron juntos en todo momento» y la furgoneta en la que se creía que podía ir la víctima «no fue devuelta por ambos» al otro investigado, como éste había asegurado.

Además, en el trayecto de esos dos sospechosos de Vigo a Porriño «da la sensación de que tomaron rutas distintas y por tanto no viajaban en la misma furgoneta ni llegaron al mismo destino». «Y ninguno de los dos móviles se sitúa en los días analizados, del 13 al 21 de octubre de 2018, en el lugar donde fue descubierto el cadáver», señala. Con estos resultados, y dado que lo «único de peso» contra esos dos hombres era la declaración del otro coinvestigado, que debe ser valorada con «cautela» y que adolece de «inconsistencias», la fiscal concluye que no hay pruebas contra ellos. «Mintieron», reconoce, pero esa contradicción, «aisladamente considerada y sin otras certezas objetivas», no llega para considerarlos presuntos responsables del crimen.

Sin respaldo legal

Sobre el investigado que culpó a los otros dos, aunque fue la última persona que vio con vida a la víctima y su testimonio es «sospechoso» , tampoco hay pruebas objetivas. Mantener la causa abierta, concluye esta acusación, carecería de respaldo legal, sin perjuicio de que pueda reabrirse «si aparecen nuevos elementos de prueba».

Un reto policial y forense que deja otra incógnita: la fecha del homicidio

Este crimen no solo fue un reto policial. También forense, ya que para poner nombre y apellidos a la víctima hubo que realizar un pionero retrato robot por parte del Imelga. Esa incógnita se despejó, pero hay otras de gran trascendencia que no se han aclarado. Una es la de la data del crimen. «No se puede establecer de forma ni siquiera aproximada la fecha de la muerte, tan solo establecer una horquilla entre agosto de 2019 y agosto de 2020», dice la fiscal. Con este dato, que abre muchas preguntas que no tienen respuesta, sería imposible situar el cadáver en el pozo el día de 2018 en que la víctima desapareció y del que se tienen los posicionamientos de los teléfonos de los investigados. Y a esto se une que en un atestado se indica que en julio de 2020 –el cuerpo se halló en 2021– en el pozo no había ningún cadáver.

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