El transporte cumple su advertencia: lleva las prórrogas de la AP-9 al Supremo

El anuncio hecho este verano por los transportistas gallegos sobre la a AP-9 se acaba de materializar. Dos días después de que el Gobierno central acordase dejar en manos de Bruselas la decisión sobre las prórrogas en la concesión a Audasa, una resolución que podría demorarse hasta diez años, la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) ha decidido no esperar a que la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Justicia resuelvan el caso y ha presentado ante el Tribunal Supremo una acción de nulidad de las prórrogas otorgadas por el Ejecutivo socialista de Felipe González por diez años y otros 25 después por los populares.

Esta decisión, anunciada por la organización más representativa del sector en la comunidad el pasado 24 de julio en Santiago, marca un punto de inflexión en una batalla legal que podría redefinir el futuro de la infraestructura viaria más importante de la comunidad. Mientras Bruselas estudia el caso, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre la legalidad de unas prórrogas que, según los transportistas, vulneran el marco normativo europeo.

Fegatramer, que agrupa a cientos de empresas de transporte público de mercancías por carretera a través de sus asociaciones provinciales, ha decidido actuar tras más de cinco años de "pasividad del Gobierno tras haber transcurrido más de un lustro desde que la Comisión Europea haya señalado la ilegalidad de las prórrogas de la concesión de la AP-9».. La organización considera que el mantenimiento de los peajes en la AP-9 constituye un “abuso” económico que afecta gravemente al tejido empresarial gallego y a la ciudadanía en general. Ya el pasado mes de julio, la federación advirtió de que las prórrogas de la concesión de la AP-9 no solo carecían de base jurídica sólida, sino que perpetuaban una situación de agravio comparativo para Galicia respecto a otras comunidades autónomas.

Nulidad

La acción legal, impulsada por el bufete Gándara Moure, busca la declaración de nulidad de las dos prórrogas de concesión otorgadas a Audasa, lo que implicaría también la nulidad del cobro de peajes. Esta medida se produce apenas tres días después de que el Gobierno español trasladara el caso a Bruselas, lo que podría demorar su resolución hasta una década.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales asociaciones territoriales del transporte gallego —ACOTRADES (A Coruña), ACTC (As Pontes), ASETRANSPO y OPERADORES DE TTE. (Pontevedra), TRADIME (Lugo) y AETRANS (Ourense)—, lo que refuerza su legitimidad y alcance. Para FEGATRAMER, esta acción no solo busca justicia para el sector, sino también para todos los gallegos que han soportado durante años unos peajes que consideran injustificados.

La decisión del Gobierno central de elevar el caso a Bruselas abre una nueva batalla judicial en el ámbito europeo que podría marcar un precedente en materia de concesiones viarias. El Ejecutivo ha optado por trasladar el expediente a la Comisión Europea para que sea esta quien determine la legalidad de las prórrogas concedidas a Audasa. Esta vía podría dilatar la resolución del conflicto durante años, dado que la Comisión podría remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que supondría una espera de hasta una década.

En este contexto, la acción de nulidad planteada por los transportistas gallego ante el Supremo es una forma de presionar al Gobierno para que no utilice la vía europea como excusa para prolongar indefinidamente la situación actual.

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