Los juzgados emiten «a diario» órdenes de búsqueda contra testigos por no acudir a juicios

De multas económicas a un delito de obstrucción o contra la Administración de Justicia. No solo los investigados y acusados –no digamos ya los condenados– en un procedimiento tienen la obligación de comparecer en los juzgados, ya que ser testigo en una causa también te obliga a acudir a la vista. Pero no todos los vigueses cumplen con este requerimiento, sino todo lo contrario.

Ayer mismo, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Vigo se vio obligado a suspender un juicio por un delito de estafa al no presentarse en sede judicial el «testigo principal» de la causa. La magistrada decretó el «archivo provisional» del caso hasta que se persone este ciudadano bajo apercibimiento de emitir una orden de búsqueda para su traslado al juzgado y cumplimiento con la obligación de presentarse al juicio.

Esta realidad no es algo inusual, sino todo lo contrario. Fuentes judiciales aseguran que «a diario» se dictan o se pone en búsqueda a personas que, por su calidad de testigo o investigado en un procedimiento penal, no acudieron a la llamada de la justicia. «El registro de requisitoriados se actualiza diariamente y todos los días se incluye a una persona que eludió con esta obligación», relatan fuentes judiciales.

Precisamente, en el mismo acto de juicio, esta magistrada recordó a las partes –los dos acusados sí estaban personados pero a uno de ellos fue imposible entregarle la citación– la obligación de comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio así como contacto telefónico cuando alguien se encuentre inmerso en un procedimiento judicial.

Estas requisitoria o la emisión de una orden de localización de un testigo no acarrea su detención, ni mucho menos su ingreso en prisión. Es más, estas dos últimas suponen la inmensa minoría de requisitorias emitidas por los diferentes órganos y tribunales de Vigo.

Por ejemplo, la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, cuenta actualmente con un total de 37 personas en búsqueda y captura –17 sobre investigados y 20 sobre condenados para su ingreso en prisión–. «Las primeras buscan garantizar la presencia del investigado o acusado en la vista, mientras que la segunda puede ser solicitada por una de las partes cuando todavía no hay una sentencia firme pero sí se solicita ya el ingreso en prisión o porque, tras ser firme el fallo, el condenado no se ha presentado de forma voluntaria en el centro penitenciario dentro del plazo que tenía para hacerlo», explican fuentes de la Audiencia.

Suscríbete para seguir leyendo