Tres días consecutivos de huelga amenazan con paralizar los juzgados de Vigo

El paro de magistrados y fiscales está convocado para la próxima semana: los días 1, 2 y 3 de julio

La concentración previa del 11 de junio tuvo una participación masiva

Magistrados y magistradas de Vigo, en la concentración celebrada el 11 de junio.

Magistrados y magistradas de Vigo, en la concentración celebrada el 11 de junio. / Marta G. Brea

Marta Fontán

Marta Fontán

Vigo

Vigo ha vuelto a demostrar la unión que tanto caracteriza a esta ciudad cuando se trata de luchar por sus dotaciones judiciales. Ocurrió hace décadas cuando hubo que batallar para conseguir las secciones de la Audiencia o cuando, hace algo más de diez años, lideró la batalla contra el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón en defensa del partido judicial. La férrea oposición de todos los colectivos judiciales, con la intermediación del alcalde Abel Caballero, acaba de lograr ahora que el Gobierno rectifique y no deje a la ciudad sin uno de sus juzgados de Instrucción. Y, con este caldeado contexto, los magistrados y fiscales vigueses, al igual que los del resto de España, están llamados a una huelga que amenaza con paralizar la actividad judicial durante tres días: el paro ha sido convocado para la próxima semana, para los días 1, 2 y 3 de julio.

Huelga fijada para el martes

Las asociaciones de jueces y fiscales convocantes –todas menos las progresistas– han anunciado que mantienen el paro pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avisado de que carece de sustento normativo. Así que, salvo un acercamiento de última hora con el Ministerio de Justicia que frene la huelga fijada para el martes, el miércoles y el jueves próximos, los profesionales que así lo decidan, respetando los servicios mínimos que se establecerán, irán a la huelga como muestra de rechazo a dos reformas que prepara el Gobierno: la que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y la del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Sexta huelga en toda la democracia

Las asociaciones defienden que «el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española» y, como tal, «no cabe interpretación restrictiva», por lo que «la ausencia de normativa específica de desarrollo» no puede suponer la exclusión de jueces y magistrados.

No es, de hecho, la primera vez que los miembros de las carreras judicial y fiscal van a la huelga: esta sería al menos la sexta en toda la democracia, tras las de 2009, 2013 y 2018. Más recientemente, en 2023, fueron los letrados judiciales los que protagonizaron otro histórico paro que duró más de dos meses.

Las concentraciones previas en rechazo a estas reformas, las del 11 de junio, tuvieron una masiva participación. Hoy habrá otra ante el Tribunal Supremo, en Madrid. El magistrado de Familia de Vigo Daniel Tomás estará allí. «Me sumo porque la asociación a la que pertenezco es una de las convocantes [la APM] y porque estamos en un momento muy delicado en lo que a la independencia judicial se refiere», resume.

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