‘Asedio’ por tierra y mar a Toralla

Cientos de vecinos piden la «Reconquista» de la isla como espacio de disfrute público

Cientos de personas se concentraron por tierra y mar este sábado para reclamar la recuperación de la Isla de Toralla como espacio público. Los manifestantes, unos andando por el puente y otras remando en embarcaciones, se juntaron en la orilla de la isla, donde desplegaron una gigantesca pancarta en la que pedían a los vigueses que se unan «a la reconquista de Toralla».

Las asociaciones vecinales de las parroquias viguesas de San Miguel de Oia y de Coruxo se unieron a las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción para solicitar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se posicione a favor de la recuperación de la Isla de Toralla.

«Pedimos al alcalde que emprenda acciones legales para poder acceder al interior de la isla», ha reclamado una portavoz ecologista mientras clavaba una bandera de Vigo en la arena de Toralla. Las organizaciones ecologistas han recordado que «una barrera y un vigilante al final del puente» impiden el acceso de vehículos y peatones al interior de la isla.

El embarque se hizo desde el puerto de Canido.

El embarque se hizo desde el puerto de Canido. / Adrián Irago

«La decisión parte de los privilegiados propietarios de la treintena de chalets que existen en la isla y que no superan los 170 vecinos y de la vista gorda de las autoridades. Una prohibición sin sustento legal. Además, las ampliaciones realizadas por algunos de sus habitantes en sus terrenos y propiedades, ocupando parte del borde litoral, impiden el paso de personas», han denunciado. La legislación vigente contempla que cualquier persona puede llegar hasta la ribera del mar a pie.

No obstante, los ecologistas han incidido en que «la realidad es que a los visitantes solo se le permite acceder a los arenales situados a ambos lados del puente». En este sentido, las denunciantes apuntan que existen varios pronunciamientos por parte de la Justicia sobre el cierre de la Isla de Toralla.

En octubre de 1997, el Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por los residentes particulares de la isla que pedían la exclusividad del uso y disfrute del puente y sus playas, ya que debían ceder para dominio público seis metros de terreno a partir de la máxima pleamar registrada.

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