La Policía Local de Vigo alega que no hubo orden "expresa" de clausurar el "saltamontes"
Un agente policial avisó 19 horas antes del accidente mortal que en el correo corporativo de la emisora había un email «sin ver», el del decreto del Concello que desautorizaba la atracción

La atracción del "saltamontes" en la que ocurrió el trágico accidente en agosto de 2024 en Matamá. / Marta G. Brea

Al igual que la comisión de fiestas y el dueño del "saltamontes", la Policía Local de Vigo fue notificada, vía email, del informe del Concello que desautorizaba la puesta en funcionamiento de ocho atracciones en las fiestas da Nosa Señora das Neves celebradas en Matamá el año pasado. Ese documento consta completamente firmado a las 22.14 horas del jueves 1 de agosto de 2024 y a las 07.15 horas del viernes día 2 –19 horas antes del trágico accidente del "saltamontes" que al filo de las 02.00 horas del sábado 3 de agosto le costó la vida al joven Iván Castaño Hervella– un agente que estaba revisando el correo electrónico corporativo del Centro de Información y Mando (CIMA) de dicho cuerpo policial en el arranque del turno de mañana hizo constar textualmente que había un email "sin ver" remitido por la Concejalía de Seguridad: era el que contenía ese informe municipal.
Las vicisitudes en relación con la notificación de dicho decreto del Ayuntamiento a la Policía Local constan en el informe que este cuerpo policial ha remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo en contestación al oficio en el que la magistrada les requirió toda la documentación y partes de intervención existentes sobre el "saltamontes". El policía que hizo esa anotación concreta sobre el correo electrónico "sin ver" explica, en un parte de servicio redactado este pasado mayo para su remisión a la jueza, que la existencia de dicho email fue comunicada al mando correspondiente, agregando además un apunte nada baladí, y ese es el de que, al margen del decreto municipal, no se recibió ninguna orden "expresa" para clausurar el "saltamontes".

Iván Castaño Hervella, el joven fallecido. / Cedida
"Hacer constar que no existía ningún correo en el cual se solicitara de forma expresa la revisión y seguimiento de cese de actividad de alguna atracción", afirma el policía en el informe entregado en el juzgado, "tal y como se hace cuando se solicita a la Policía Local dicho control, tanto sea de una atracción, un local de ocio, etc."
Nuevas diligencias
En la causa judicial constan ahora dos investigados. El propietario de la atracción y el presidente de la comisión de fiestas de Matamá, quienes se acogieron a su derecho a no declarar. La magistrada, que ya tiene sobre la mesa la última documentación solicitada en mayo al Concello y a la Policía Local, debe decidir ahora qué próximos pasos dar en este procedimiento en el que las acusaciones particulares insisten en que comparezcan también la concejala de Fiestas y técnicos municipales, algo sobre lo que se posicionará la Audiencia Provincial de Pontevedra al haber sido recurrida en apelación la negativa de la jueza a citarlos, al menos por el momento, como investigados.
En todo caso, al margen de esta cuestión clave relativa al papel del Concello en la causa, las acusaciones han planteado otras diligencias de prueba. El abogado de la joven que iba con el fallecido ha solicitado la testifical del policía local que avisó sobre el email con el decreto municipal, así como la de los inspectores jefes al mando de los turnos del 1 y 2 de agosto de 2024 "que pudieran haber recibido el correo electrónico desautorizando la actividad". E interesa una investigación policial sobre los emails "recibidos, enviados, archivados y borrados" de la cuenta de la emisora de la Policía Local y de otras dos cuya denominación arranca con "sargentos" e "inspectores", al tener constancia, dice el letrado, de la existencia de "algunos correos" que se referían a la "clausura" de la atracción y de que algunos se "eliminaron".
Las acusaciones particulares se oponen a la petición de archivo de la comisión de fiestas
Una cuestión que está sobre la mesa es la petición realizada por el abogado del presidente de la comisión de fiestas de que se proceda al "sobreseimiento libre" de la causa con respecto a su cliente, Cristian González. "[...] la ley exonera de toda responsabilidad a mi representado, incluso de la más leve [...]", argumenta el letrado en un escrito formalizado el 4 de junio en el que reitera la solicitud del archivo. Frente a ello, las acusaciones particulares que representan a los padres del fallecido y a la joven que sobrevivió interesan que se desestime esa petición de sobreseimiento, máxime cuando la investigación judicial aún está "en curso" y "pendiente de la práctica de diligencias esenciales".
"El intento de desvincular a la comisión de fiestas presidida por el investigado del conjunto del evento y de sus consecuencias jurídicas no encuentra apoyo ni en el tenor literal de la ley, ni en su interpretación teológica ni en la doctrina de nuestros tribunales", se agrega en el último escrito formalizado, el firmado este misma semana por el abogado de los padres de Iván. Esta parte, además, acaba de solicitar que se cite a declarar como testigo al ingeniero técnico industrial que había realizado el certificado técnico anual del "saltamontes" para aclarar cuestiones que este profesional manifestó durante su declaración ante la Policía Nacional tras el siniestro mortal.
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