El CGPJ recoge en su informe que los juzgados quedarán sobrecargados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue favorable a la eliminación del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo, como finalmente se ha aprobado vía Real Decreto, pese a desprenderse de su propio informe que, con el recorte, estas salas quedarán sobrecargadas. El documento expone, tomando como referencia el volumen de asuntos registrados en 2024, que esta supresión supondrá que las siete salas que queden trabajarán a casi al 112% —al 111,87%—, superando así el máximo recomendado. Pese a ello, el órgano de gobierno de los jueces apoyó los planes finalmente materializados por el Ministerio de Justicia en dicho informe, en el que también concreta que la pendencia y el tiempo de respuesta en los juzgados instructores vigueses están por debajo de las medias gallega y nacional. Es decir, la alta productividad de estos tribunales para tratar de tener los casos al día —de hecho, la última estadística anual de 2024 evidencia que resolvieron más asuntos de los que ingresaron— se les ha vuelto paradójicamente en contra.

El informe del CGPJ y la decisión final

Fue en el pleno del CGPJ del 7 de mayo cuando se aprobó por unanimidad el informe técnico y jurídico elaborado por su Sección de Planta y Oficina Judicial, que para el caso de Vigo fue favorable, como ya pretendía el ministerio, a transformar el Juzgado de Instrucción número 8 en el segundo de Violencia sobre la Mujer. Casi un mes después, el 4 de junio, se publicó en el BOE el Real Decreto del Gobierno que contempla la eliminación de dicho juzgado instructor, una supresión que, si Justicia no rectifica, será efectiva el 31 de diciembre. La decisión ha sido recibida con el contundente rechazo de todo Vigo: los magistrados, en un acuerdo adoptado de urgencia el jueves, se han confesado «desolados».

Los datos que respaldan (y contradicen) la medida

Ese informe previo que realizó el CGPJ apoyó el recorte. En el mismo, informan fuentes del órgano de gobierno de los jueces, se recogía que en 2024 la entrada media de asuntos en los ocho juzgados dedicados a instruir delitos se situó al 86% del módulo —cada uno registró 2.836 procedimientos cuando lo máximo recomendado son 3.300— y que el número de asuntos pendientes a 31 de diciembre fue de 367 en cada uno, «inferior» a las medias gallega (716) y de toda España (720). Otro dato que también le valió al Poder Judicial para inclinarse a favor de la transformación es que el tiempo medio de respuesta en Vigo es de 1,4 meses, registro que también está por debajo que la media de Galicia (3,6 meses) y la nacional (2,5 meses).

Vigo ha sido castigada porque su pendencia está por debajo de la media, es decir, por la elevada productividad

El Poder Judicial reconoce que con la supresión de un juzgado, y con esos mismos datos de 2024, la carga de los siete restantes superaría el máximo aconsejado para situarse al 114%, de los que hay que restar, se indica, el 2,13% que corresponde a los asuntos de violencia sexual que pasarán a ser competencia de los dos juzgados de Violencia sobre la Mujer en Vigo, que, se señala en el mismo documento, tendrán un volumen medio cada uno de un 41% con respecto al módulo. El único que hay ahora está al 80%: acabó 2024 con 384 casos pendientes y tarda 23 meses en resolver los asuntos civiles y casi 12 meses con los penales.

La Xunta exige al ministro que rectifique

Jueces, abogados y procuradores, así como el Concello de Vigo —que ya contactó a través del alcalde Abel Caballero con el ministro Félix Bolaños—, se han opuesto a la eliminación de un juzgado de Instrucción. También lo ha hecho la Xunta. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acaba de remitir una carta dirigida a Bolaños en la que califica de «inaceptable» que los nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer de los que dispondrán la ciudad olívica y A Coruña se creen a costa de suprimir salas instructoras en ambas urbes.

En dicha misiva, Calvo reitera la «oposición» del gobierno autonómico a la eliminación de estos juzgados dado que las salas instructoras «ya se encuentran al límite de la entrada de asuntos»: «limitarlas» a siete «resentirá la actividad» con «retrasos en la tramitación de diligencias penales». «Instamos a que se mantengan las unidades de Instrucción existentes en A Coruña y Vigo al tiempo que se crean las nuevas secciones de Violencia sobre la Mujer», se indica, «invitando» al ministro a «explorar alternativas que permitan dotar de recursos suficientes» a los juzgados que luchan contra la violencia de género «sin debilitar la estructura judicial existente».

El conselleiro cita en la carta que esta supresión, que supondría «un perjuicio directo para la ciudadanía y el conjunto del sistema judicial gallego», no debe ser «irreversible», citando que el propio ministerio «rectificó» en el caso de Benidorm, ciudad con mucha menor carga de asuntos por juzgado que Vigo. «No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos», zanja.

Suscríbete para seguir leyendo