El bucle sin fin de O Marisquiño: la Fiscalía vuelve a pedir el archivo de la causa judicial

La causa judicial por el accidente que al filo de la medianoche del 12 de agosto de 2018 dejó más de 400 heridos durante la celebración del festival de O Marisquiño dio un giro hace solo dos meses. Archivada provisionalmente por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra emitió en abril un contundente auto judicial rebatiendo los argumentos que llevaron a dicho sobreseimiento y ordenando la reapertura de cara a establecer si es posible establecer responsabilidades penales y, consecuentemente, abrir juicio por delitos de lesiones por imprudencia. El caso está en manos de nuevo de la jueza instructora, que, de forma previa a resolver, ha dado traslado a las acusaciones personadas en el procedimiento para que realicen sus alegaciones. Y la Fiscalía, que ya había solicitado el archivo cuando en enero de 2023 la magistrada dio por cerrado el caso, se mantiene en esa misma postura. Según pudo saber FARO, el Ministerio Público ha presentado un escrito en el que argumenta que no caben imputaciones penales.

La jueza debe ahora decidir. Junto al informe de la Fiscalía, ya tiene sobre la mesa los de tres acusaciones particulares que, en representación de cinco de los heridos, sí que piden la citación de investigados. Con la fase de instrucción ya cerrada y sin posibilidad legal de realizar nuevas diligencias ni consecuentemente de imputar a nadie que no lo hubiese estado ya, dos de estos abogados solicitan en sus escritos que se señale la comparecencia de los cuatro investigados que ya hubo en su momento en este procedimiento: el ingeniero jefe de Vías y Obras y el jefe de Urbanización e Infraestructuras del Concello, Jerónimo C.C. y Juan A.G. respectivamente, así como, por parte de la Autoridad Portuaria, el jefe del Área de Planificación e Infraestructuras, José Enrique E.P., y el de División de Conservación, Ignacio V. M. Otro letrado interesa exclusivamente que se cite a los dos del Ayuntamiento. Por ahora en ninguno de los escritos se ha instado nada en relación con Beatriz C. G., que en aquella época era directora del Puerto y que en su día tuvo que comparecer en calidad de responsable civil.

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A la espera de lo que determine la instructora, los técnicos a las que se pide volver a situar como investigados en la causa ya declararon en el marco de este procedimiento en noviembre de 2019. Las acusaciones particulares que solicitan su citación son los que representan al pequeño grupo de heridos que decidieron seguir adelante con la vía judicial, ya que la mayoría de perjudicados renunciaron al ejercicio de la acción penal una vez fueron indemnizados.

Deber de mantenimiento

La postura de estas acusaciones contrasta con la de la Fiscalía, que de forma previa al informe que acaba de presentar en el juzgado ya había pedido la impugnación de los recursos de apelación que lograron reabrir la causa. La acusación pública insistió entonces –manteniéndose ahora en la misma postura– en que la cuestión que centra estas diligencias «carece de trascendencia penal» ya que el deber de cuidado y mantenimiento de la estructura que se derrumbó durante O Marisquiño «no era una conducta exigible» según las indicaciones técnicas de la época del convenio de «Abrir Vigo al Mar» en 1992. El Ministerio Fiscal recordó también que en su momento solicitó citaciones que no fueron acordadas –la de un concejal y la de un ingeniero– por la instalación del escenario del concierto en una zona no destinada a eventos públicos, pero, agregó, ya no es posible realizar estas citaciones y, en todo caso, según la tesis que mantiene esta parte tampoco esta diligencia tendría consecuencias procesales.

El auto de la jueza instructora que en 2023 sobreseyó la causa era coincidente con la argumentación de la Fiscalía. Pero Audiencia de Vigo, que con su reciente orden de reapertura ha dado una nuevo oportunidad al caso, disiente totalmente. Los magistrados de la Sección Quinta sí consideran que existía una «lex artis» que obligaba al mantenimiento y que estaba definida en las normas elaboradas por el arquitecto Vázquez Consuegra en el plan «Abrir Vigo al Mar». Y manifiestan que esas «precauciones/normas» no se cumplieron, existiendo por tanto una «completa omisión» de las revisiones que precisaba dicho paseo. La sala incluso va más allá y llega a esgrimir que la afirmación de que no había dicha regulación no se sostiene ya que con su «omisión» se estaría vulnerando «el derecho a la vida» y la «integridad física y moral de los ciudadanos».

La magistrada debe ahora determinar si esa omisión se puede imputar a alguno de los técnicos cuyo nombre han vuelto a poner sobre la mesa las acusaciones particulares. Y si se puede exigir responsabilidad civil, directa o subsidiaria, al Concello o al Puerto.

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