Rotunda reacción de los jueces: se confiesan «hartos» y «abandonados»

Los magistrados instructores de Vigo han reaccionado con dureza y contundencia a la decisión del Ministerio de Justicia oficializada ya en un Real Decreto de eliminar un juzgado de Instrucción, el número 8, para transformarlo en el segundo de Violencia sobre la Mujer. En un acuerdo unánime se confiesan «desolados», «impotentes» y «hartos» y exigen que se «deje sin efecto» la supresión de dicho órgano judicial. Lo contrario, avisan, «debilitará» la estructura judicial olívica, provocará una «jerarquización de víctimas y procedimientos» y evidenciará una «minusvaloración» hacia Vigo, «motor humano, económico e industrial» de Galicia. Pero van más allá y dicen sentirse «solos y abandonados» ya que la decisión se adoptó sin escucharlos, «de forma unilateral», lamentando además «la adecuada falta de respuesta institucional» por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG): «No ha existido reacción, ni pronunciamiento ni mediación visible en defensa de la planta judicial ordinaria de Vigo».

Unánime rechazo

La supresión de un juzgado de Instrucción –que será efectiva a partir del 31 de diciembre y que colocará a estas salas al borde del colapso con 400 casos más cada una al año– ha provocado una ola de rechazo en Vigo. Los magistrados ya se habían posicionado en contra en un acuerdo en abril cuando la decisión aún no era firme. Ahora, con el Real Decreto ya en el BOE, lo vuelven a hacer. Y de forma más rotunda. «Queremos dejar constancia de nuestra profunda preocupación y unánime rechazo», arrancan en el texto derivado de la junta sectorial que, presidida por el juez decano Germán Serrano, celebraron de urgencia el jueves y que remitirán al TSXG para su aprobación y elevación al CGPJ. Los jueces, exponen, actúan «en defensa del interés del partido judicial de Vigo, de los derechos de los/as magistrados/as de Instrucción que en él sirven y del derecho de la ciudadanía a una justicia penal cercana, accesible y eficaz».

Revocación de la decisión

Los jueces instructores vigueses exigen que se «reconsidere y deje sin efecto» la eliminación de Instrucción 8 y que se cree una nueva plaza de Violencia sobre la Mujer «con recursos propios y sin detrimento de la instrucción ordinaria», reivindicando que mientras no se revoque la decisión se preserven sus «derechos estatutarios y económicos». Y quieren que se inste al CGPJ a asumir «una posición activa y transparente» en defensa de la planta judicial ordinaria, con un modelo que atienda a un «criterio actualizado de carga de trabajo» y a las «particularidades» de cada partido judicial, «con especial atención a las ciudades con elevada densidad poblacional y alta litigiosidad». Piden también que se reconozca su «esfuerzo y compromiso», evitando decisiones que, como ésta, «comprometan su estabilidad profesional, su salud laboral y la eficacia del servicio público que prestan».

Víctimas

«Queremos comunicar a la ciudadanía que la decisión adoptada ataca derechos y principios básicos», advierten. «Se dañan de forma ostensible los derechos de los ciudadanos/as», dicen. «Y se hace de mejor interés los asuntos en los que la víctima sea una mujer o víctima de violencia sexual, frente al resto de las víctimas con problemas penales (estafas, robos, lesiones, seguridad vial, tráfico de drogas...) que verán demorados sus asuntos por el incremento de la carga de trabajo ordinaria entre menos juzgados», esgrimen.

Ellos, los magistrados, también salen perjudicados por afectación de «derechos estatutarios básicos», de la «retribución económica» y de «la salud laboral» al tener que asumir más casos y mayor frecuencia de guardias en una jurisdicción «saturada» por investigaciones complejas como el crimen organizada, la ciberdelincuencia o la multirreincidencia.

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Son muy críticos por haberse visto «solos y abandonados» en su lucha para evitar la pérdida del juzgado, citando aquí a CGPJ y a TSXG. Lejos de una defensa de la planta judicial ordinaria de Vigo, afirman, «no hemos tenido ni una sola llamada ni mensaje ni de comprensión ni de apoyo ni hemos verificado que haya existido un decidido compromiso institucional para defensa de nuestros derechos e intereses», censurando que el Poder Judicial haya apoyado la eliminación del juzgado de Vigo e informado mientras en contra de suprimir uno en Benidorm, urbe con menor carga de trabajo. 

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