Extrabajadores de Alfageme crean una asociación: «La lucha no cesará»

Ángel Sanz Domínguez está a punto de cumplir 71 años. Este vecino de Vigo hoy jubilado trabajó durante un cuarto de siglo en Bernardo Alfageme, la histórica conservara viguesa que escribió sus últimos capítulos en 2010. Él era jefe de ventas para la zona de Canarias y norte de España y el cierre, confiesa, lo cogió por «sorpresa». No tiene duda de que la «pésima» y «desastrosa» gestión de la familia Lago, quien se había hecho con la propiedad de la conservera, fue la que hundió la emblemática empresa. «Destrozaron una fábrica que si no fuese por lo que hicieron en la actualidad estaría aún funcionando y entre las primeras de su sector», reflexiona sin poder contener la emoción.

Quince años después de aquella dolorosa quiebra, este vigués ha decidido ponerse al frente de la asociación que acaban de crear un nutrido grupo de 90 extrabajadores de Bernardo Alfageme. Y es que, pese a haber transcurrido tanto tiempo, muy a su pesar continúan luchando para cobrar los 5,3 millones de euros que todavía les deben entre salarios y otras deudas laborales. Lo poco que obtuvieron fue a través del Fondo de Garantía Social (Fogasa), ya que del concurso de acreedores, que el Juzgado de lo Mercantil de Vigo acaba de dar por concluso, no recibieron «ni un céntimo». «Nada, de nada, de nada», enfatiza Ángel Sanz, que concreta que las cuantías por cada empleado oscilan entre los 218.773 y los 5.071 euros.

«Hay muchos compañeros a los que les quedó una pensión mínima y que necesitan imperiosamente ese dinero. Nunca me imaginé que 15 años después estaríamos en esta situación, clamando por lo que es nuestro. Luchando por lo que nos reconocieron los jueces en sentencias. Creo que parte de culpa de que aún estemos así es que en su día confiamos en los sindicatos, que decían ‘vamos a hacer’ pero no hicieron nada», reflexiona, poniendo el acento en que hay antiguos empleados que lamentablemente fallecieron sin obtener ese dinero. Como Herminia o Patricio, cita este vigués. «La asociación la hemos puesto en marcha extrabajadores, pero por supuesto los hijos, los nietos..., en definitiva los herederos de quienes ya murieron, pueden unirse a nosotros», advierte.

Asesoramiento legal

La magistrada cerró definitivamente este pasado abril el concurso de acreedores tras liquidarse todos los bienes y derechos de la extinta conservera, entre ellos sus marcas «Peña», «Eureka» y «Miau» y la emblemática factoría de Tomás A. Alonso en Bouzas. Pero la lucha «sigue viva», avisa Sanz, que relata que intentarán cobrar el dinero por la única vía que ahora les queda: la del Concello. Lo harán asesorados por Tomás Santodomingo, el abogado que los lleva desde finales de 2022 y con el que se pusieron en contacto tras la exitosa batalla judicial de los antiguos empleados de otra industria histórica de Vigo, el Grupo de Empresas Álvarez (GEA), también representados por este letrado. «Cuando el abogado nos dijo ‘vamos para adelante con esto’ y aceptó llevar nuestro caso, fue una gran noticia», dice.

Su esperanza está puesta en un acuerdo que se remonta al 22 de marzo de 2010, cuando el pleno municipal vigués, presidido por el alcalde Abel Caballero, aprobó por unanimidad, con los votos favorables de todos los concejales de PSOE, PP y BNG presentes, que, ante el incumplimiento de los entonces dueños de Alfageme de construir una nueva planta en Vigo, se aprobaba que las plusvalías que se generasen en la parcela de la fábrica de Bouzas pasasen a la «propiedad y derecho» de los trabajadores que estaban entonces en el cuadro de personal. En aquel momento dichas plusvalías se cifraban en algo más de 26 millones de euros.

«Aquel acuerdo, aquella promesa, quedó en agua de borrajas», dice Ángel Sanz. Porque la explicación que posteriormente recibieron es que esas plusvalías habían quedado «abolidas». Hoy, unidos y con una asociación que han creado para «hacer fuerza» y conseguir que «nos paguen», lo que pretenden es suscribir un convenio urbanístico con el Ayuntamiento para que les adjudiquen una parte del aprovechamiento urbanístico de esos terrenos para posteriormente darles salida con la promoción de viviendas sociales. «Ojalá salga adelante y ojalá cubramos esos cinco millones que se nos deben», manifiesta Ángel, que tenía 51 años cuando, en aquel 2010, «nos echaron a la calle».

Él fue de los afortunados que pudo continuar trabajando en otra empresa hasta que se jubiló. Lamentablemente, no fue así para todos. «Hubo quien no consiguió después empleo, hay que tener en cuenta que a la mayoría el cierre de Bernardo Alfageme nos cogió con una edad avanzada», explica. Pero, pese a los sinsabores de la quiebra de la conservera y de la eterna batalla a la que se han visto obligados, no se rinden: «La lucha no cesará, nos sentimos con ánimo».

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